Y va otro cambio para el Poder Judicia y propuesto por Alfredo Cornejo. Ahora se trata de crear un Fuero Penal Colegiado. ¿Qué busca? Evitar que las causas que dependen de la Justicia Penal se dilaten en el tiempo por ausencia de jueces. Para lograrlo, este colegio pretende tener jueces disponibles listos para reemplazar a todo aquel que no pueda tomar audiencia o una causa.

En el sistema actual de la Justicia Penal hay dos instancias. En la primera intervienen los juzgados de Garantías, de Correccional de Menores, de Flagrancia y de Ejecución Penal. En total, son 18 jueces (4 de Garantías, 4 Correccionales, 6 de Flagrancia y 2 Ejecución Penal). En cambio, la iniciativa del Poder Ejecutivo propone dividir esa primera instancia en dos Juzgados colegiados, uno de 10 jueces y otro, de 8. Entonces, las causas ingresarán a estos nuevos colegiados. Éstas se sortearían y será cualquiera de esos 18 jueces los que dicten el fallo sobre esa causa específica.

La segunda instancia consiste en la elevación de la causa a juicio oral. En esta etapa intervienen las 8 Cámaras del Crimen, cada una conformada por tres jueces, es decir 24 en total. Hoy, las causas van a una de esas cámaras. Con la propuesta del gobernador, se pondrían en funcionamiento dos tribunales colegiales, con 12 jueces cada uno. Entonces, las causas se elevan a juicio ante un tribunal colegiado y no ante cada una de las cámaras. Al igual que en la primera instancia, se sortearía y se decidiría -según la complejidad de la causa- si será un tribunal unipersonal o tripartito.

Por otro lado, en el sistema actual, los fiscales de instrucción son los que realizan la investigación y, cuando se eleva la causa a juicio, el que acusa es un fiscal de Cámara. El problema es que a veces no son compatibles los criterios, por lo que el Ejecutivo propone que sea un solo fiscal el que se ocupe de la causa durante todo el proceso. Es decir, que el mismo que investiga, sea el que acusa ante el tribunal.

El proyecto de ley ya tiene estado parlamentario para que sea debatido en comisiones. 

División de las tareas administrativas de las judiciales

Este es otro de los aspectos del proyecto de ley del gobierno. Hoy en día, los jueces tienen los aspectos judiciales y lo administrativos bajo su órbita y lo que la iniciativa prevé es la creación de la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP), desde la cual se ocuparían, por ejemplo, de determinar las fechas de las audiencias orales, que ahora serán de 9 a 19; es decir, en doble turno.

El objetivo es que el juez se concentre en el juicio y no se ocupe de tareas administrativas, que le insumen mucho tiempo.

Además, el proyecto contempla que se realice una audiencia preliminar oral, en la que el juez y las partes analicen y ordenen el material con que cuentan para iniciar el proceso.