El concepto de plusvalía fue ideado por Karl Marx a partir de la crítica a los economistas clásicos precedentes a su pensamiento. Concretamente, establece que una cosa puede cobrar mayor valor debido a circunstancias que no dependen del trabajo de su poseedor. Así, para citar sólo un ejemplo, si se abre una nueva ruta de acceso para llegar a un barrio privado, este valor extra que sumarán los terrenos, debe pagarlo el inversor inmobiliario o el propietario. 

Esto es lo que propone Alfredo Cornejo, el candidato del frente Cambia Mendoza, para apuntalar la fuerte inversión en servicios públicos que demandará la Provincia en los próximos años. En este sentido, propone que se eleve a la Legislatura un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta que el que está lleva meses y no logra el consenso necesario para su aprobación. Pero para Cornejo, es fundamental que este plan visibilice cuáles serán los sectores rurales y urbanos, además de definir claramente la traza eléctrica y de agua potable.

“Propongo que les exijamos a las empresas eléctricas, de gas, y al Estado nacional que cumplan. En Chile, cualquier loteo privado que pretenda llevar los servicios debe encargarse de financiar las obras. Eso se debe manejar en un fideicomiso y que los privados que se vayan sumando a la zona se vayan incorporando”, planteó Cornejo. Esto, en clara referencia a los nuevos barrios que se asientan en zonas no aptas o sin servicios y que después debe financiar las obras el Estado.

Modelo de exportación

Cornejo aseguró que este concepto de plusvalía ya se está utilizando en países ultracapitalistas. “No es que lo estén aplicando en Cuba”, remarcó durante un diálogo que mantuvo con Edición UNCUYO en el marco de un ciclo de entrevistas para candidatos a gobernador.

Es más: hace pocos días el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, envió un proyecto al Congreso para legislar algo similar en su país. Puso como ejemplos las inversiones realizadas por el Gobierno para la construcción del edificio de la Unasur, en Yachay y en Imbabura, dos localidades de aquel país. Producto de esa obra, ha aumentado el valor de los predios de esa zona y Correa considera que el Estado no ha recibido una contribución por esas mejoras. “Es un caso de socialización del gasto y privatización de las ganancias”, sostuvo este 24 de mayo, cuando enviaba un proyecto de ley a su legislatura para regular la problemática. Incluso habló de un estudio que se ha realizado en nueve municipios de su país, donde se muestra que unos 600 millones de dólares fueron a parar a manos privadas por efecto de la plusvalía que generó la inversión estatal.

Un plan que no avanzará

El referente del frente Cambia Mendoza aseguró que la discusión por el Plan de Ordenamiento Territorial no fue frenada por la oposición, como asegura el oficialismo. De todos modos, advirtió de que no traccionarán un plan que no tenga delimitaciones entre lo urbano y lo rural y que no establezca para dónde irán las redes de agua potable. 

“Después el tonto Estado, lleno de gente corrupta, les lleva el agua que pagamos todos con nuestros impuestos”, consideró. Incluso recordó el caso de unas 5 mil familias que habitan en la zona de Sierras de Encalada: construyeron en terrenos sin agua potable y han demandado al Estado, por lo que este deberá extender las redes una vez que se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Cornejo se quejó además porque el plan que se envió a la Legislatura fue recortado por el oficialismo. Los técnicos de la Universidad Nacional de Cuyo habían fijado claramente los límites entre lo urbano y lo rural, pero el Gobierno los retiró, como otras cuestiones que ya estaban fijadas en la norma.

Al referirse a las acusaciones del gobernador Francisco Pérez, quien asegura que el plan no fue aprobado por falta de consenso político por parte de la oposición, Cornejo recalcó que el oficialismo ha metido seis cargos vitalicios extrapoder. “Para eso sí les alcanzó. Pero le echan la culpa a la oposición de no tener Plan de Ordenamiento”, soltó.

Reformas en lo eléctrico, pero no privatizaciones

Se sabe que la pelea por las tarifas eléctricas estallará durante la próxima gestión. Es que Paco Pérez firmó un decreto para que se actualicen en 2016, las empresas dicen que perdieron cuatro millones de pesos por año durante los dos años de congelamiento y el radicalismo presentó un reclamo por la inconstitucionalidad del instrumento.

A la hora de evaluar el funcionamiento del servicio concesionado, Cornejo argumentó que el sistema eléctrico se ha desempeñado mal porque la macroeconomía del país también tuvo un mal desempeño. Para él, el esquema de subsidios no funciona y hay que reformarlo. En su opinión no hay que financiar más a las empresas sino a las personas que lo necesiten.

Pero a la hora de evaluar una reestatización, Cornejo no se mostró a favor. Para argumentarlo, citó el ejemplo de la ex Obras Sanitarias. “Nosotros -'porque yo era oposición', aclara- le quitamos la empresa a los franceses porque no invertían, pero hoy no para de aumentar la tarifa de aguas y tampoco se hacen las inversiones. De hecho, la tarifa aumentó más que la eléctrica, en proporción en el mismo período”, manifestó.

Por último, consideró que no importaba si el servicio lo presta el Estado o un privado y remarcó que el marco regulatorio es muy bueno en teoría, pero con estos cambios en la economía tan bruscos, será difícil de estabilizar.