En dos proyectos clave para su gestión, Alfredo Cornejo necesita de la voluntad de los legisladores peronistas.  El primero es el proyecto que viene aprobado desde el Senado y que significa una modificación al Código Procesal Penal (CPP) para aclarar las condiciones en las que un juez dicta la prisión preventiva. Si bien la iniciativa no necesita mayoría especial para aprobarse, sí para tratarse sobre tablas, porque por ahora no cuenta con despacho de la Cámara Baja.

El punto es que el proyecto tuvo muchos cuestionamientos cuando se trató en el Senado, y no sólo por los legisladores de la oposición –sobre todo por los que pertenecen al sector kirchnerista–; también llegaron objeciones por parte de organismos nacionales de derechos humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Legales y Penales y el Instituto de Pensamiento Penal. Por otra parte, hubo cuestionamientos de distintos organismos provinciales, como la  Fundación Xumek, de Mendoza, y la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNCUYO.

La mayor polémica con el Frente para la Victoria (FpV) se generó porque, según argumentaron los legisladores que no concordaban con la iniciativa tal y como había sido planteada –en especial Luis Böhm y María José Ubaldini–, no hubo tiempo ni espacio para que todas estas organizaciones e instituciones realizaran sus aportes, y el frente Cambia Mendoza, apoyándose en su mayoría propia, apuró el tratamiento en comisiones y no dio oportunidad de hacer contribuciones ni sugerencias.

Por lo tanto, podría suceder dentro de la reunión de bloques que el peronismo realizará en la mañana de este lunes 30, que se decida no tratar el proyecto sobre tablas y enviarlo a comisiones para ser debatido, aunque todo CM presionará para que se trate pasado mañana, porque Cornejo quiere tener esa ley en la mano lo antes posible.
 

Otro conflicto por endeudamiento

El otro punto complejo para el Ejecutivo provincial es un nuevo pedido de endeudamiento, que no está siendo muy fácil de digerir dentro del FpV, aunque significaría crédito para las comunas.

El proyecto que tanto el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, como el de Gobierno, Dalmiro Garay, fueron a presentar el jueves a Legislatura tiene que ver con la ratificación del convenio que la provincia firmó con el Ejecutivo Nacional. Este acuerdo es por la devolución del 15 % de la coparticipación federal a las provincias, que el Gobierno nacional descontaba desde 1992 y que tenía como finalidad fondear la Anses después de que se privatizó la Caja de Jubilaciones.

La devolución se realizará en forma escalonada, durante cuatro años, con un porcentaje en efectivo y otro en crédito a baja tasa. El punto es que lo que los legisladores deben aprobar es un endeudamiento por cerca de 3000 millones de pesos, que es la totalidad del crédito por los cuatro años que dure la devolución.

Esto es lo que hace ruido en el seno del justicialismo, porque, según argumentan, ya le han otorgado al gobierno la posibilidad de endeudarse por casi 20 mil millones de pesos. Por este motivo, hubo legisladores peronistas (Lucas Ilardo, Guillermo Amstutz) que propusieron que la posibilidad de tomar este crédito a baja tasa se incluya y no se sume al endeudamiento ya otorgado.

Por otra parte, los legisladores que tienen compromisos con intendentes (quienes recibirían también beneficios por este crédito, puesto que se coparticipa), proponen otras soluciones, como lo es la colocación de un bono para que los jefes comunales reciban todo el crédito junto y no escalonado. Así lo sostienen Jorge Tanús y la senadora Patricia Fadel, que pertenecen al mismo sector político.

Esta mañana se sabrá cuál es el camino que tomará el FpV, que es el que define, esta vez, la discusión de los proyectos.