Es una medida que se esperaba desde hace un tiempo, tras conocerse los informes previos de incorporaciones fuera de término y ascensos sin justificar. La idea es transmitir un acto ejemplificador de parte del asumido el 9 de diciembre y con un fuerte tono crítico a las últimas decisiones del gobernador anterior, Francisco "Paco" Pérez.

A través del decreto 64/16, el gobernador Alfredo Cornejo borró de un plumazo el sueño de ser empleado público a 47 personas que ingresaron a la planta de estatales a las apuradas, en los últimos meses de Paco al frente de la Provincia. Además, otros 36 perdieron sus ascensos, realizados de la misma forma y, por lo tanto, viciados de nulidad. En tanto, otros 217 esperan para saber si correrán la misma suerte o podrán seguir perteneciendo a la administración pública.

Argumentos para la baja

El encargado de anunciar el decreto de Cornejo fue el ministro político, Dalmiro Garay, quien trabajando en la Asesoría de Gobierno como abogado auxiliar protagonizó un episodio conflictivo con Mauricio Guzmán, el entonces subsecretario de Trabajo de Paco Pérez, justamente por el trámite de unos expedientes que contenían nombramientos impulsados en los últimos días de la gestión anterior.

“Las irregularidades de los contratados por Pérez provocaron la inexistencia de estas designaciones. Por lo tanto, decidimos dejarlas sin efecto, previamente haber cumplido todos los pasos legales para llegar a esta situación”, aseguró el funcionario.

Entre los nombres de quienes quedaron afuera se encuentran los de exfuncionarios como la exdirectora de Empleo, Dora Balada; Sergio Piantini (quien fuera secretario de Pérez); Patricia Spoliansky, exdirectora de la DINAF; la exfuncionaria de Seguridad y excandidata a legisladora nacional Lía Álvarez; y la hija del secretario Legal y Técnico de Pérez, Francisco García Ibáñez, Bárbara García (una estudiante de teatro que fue a dar al ministerio de Salud por haber hecho un taller con los payamédicos).
 

Otras medidas

Pero el conflicto no termina con la limpieza de la lista de ingresantes con irregularidades. Garay anunció que se pedirá que la Justicia investigue contrataciones realizadas por el entonces Ministerio de Cultura, en los que puede haber habido delito, pues se sospecha de malversación de fondos públicos. Esto porque, según manifestó, se realizaron contrataciones aparentemente “truchas”, cobrándose un caché por servicios culturales que nunca se brindaron. Para estas personas, al igual que para los funcionarios que firmaron los contratos, sí puede haber consecuencias penales.

Otro punto oscuro parece ser el ingreso de siete presuntos “ñoquis” a la Subsecretaría de Trabajo: se trata de “empleados contratados” que cobraron sueldos durante 2014 y 2015 y de los cuales no existe registro de marcación horaria. A ellos les cabría no sólo la nulidad del contrato, sino que además deberían devolver el salario cobrado (no así los demás contratados dados de baja).

Garay explicó que se está elaborando un censo de empleados públicos que se terminará mañana y, una vez concluido, se estudiarán los resultados para tener una idea general de qué hace cada trabajador y a qué área pertenece, entre otros datos importantes.
 

La lista

El Gobierno se encargó de dar a conocer la nómina de quienes resultaron los excluidos de su condición de agente público o bien se les revocó el ascenso de categoría: