Con la presentación de nuevo equipamiento policial, este martes por la mañana el gobernador Alfredo Cornejo defendió su reforma para obligar a trabajar a los presos que estén cumpliendo condena y resaltó la inversión total de $ 2200 millones en las penitenciarías de Mendoza para poder cumplir con ese objetivo. 

Apenas 24 horas después del anuncio del 1.º de mayo, ingresó a la Legislatura el proyecto del Ejecutivo que reforma la Ley 8465 de Pena Privativa de la Libertad y que busca obligar a los reclusos a trabajar y estudiar para acceder a ciertos beneficios, como salidas transitorias y domiciliarias. En la Base Cóndor, el gobernador Cornejo defendió su iniciativa y salió a cruzar las críticas que se generaron tras su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

“Hay amnesia generalizada”, apuntó el radical contra la oposición, que rechaza el proyecto de ley por considerarlo inconstitucional, y destacó que en su año y medio de gobierno hay “mucha más gente que estudia y trabaja”. Sin embargo, según Fabricio Imparado, procurador de las personas privadas de la libertad, el porcentaje de internos que trabaja en los centros de detención de la provincia (de un total de 4800) es bajo.

Cornejo alejó los cuestionamientos del proyecto, ya que algunas voces del Poder Judicial –como Sebastián Sarmiento, juez de ejecución penal– aseguraron que una “fuerte inversión” es clave para que la obligatoriedad del trabajo carcelario sea una realidad.

“La reforma no fue una ocurrencia, está pensada profesionalmente”, contestó Cornejo, y reiteró la inversión “histórica en el continente” de $ 2200 millones en 14 proyectos en las penitenciarías de la provincia.

Una vez terminada la cárcel federal, la intención del Gobierno es trasladar a 500 personas a cuatro módulos que estarán listos en seis meses, lo que permitirá espacio para diversas clases y capacitaciones. Además, en el nuevo penal Almafuerte II habrá un circuito de deportes y estudio para preparar a los reclusos.

“La cárcel no es un spa, el delito ya no es gratis”, manifestó Cornejo en la presentación de nuevo equipamiento para las fuerzas policiales.

También afirmó que el robo con armas bajó en los últimos meses por las 600 personas que ahora están en prisión preventiva. En este sentido, se refirió a los cambios que pidió el Ejecutivo el año pasado para que modificaran artículos del Código Procesal Penal.

Según el jefe del Estado provincial, la “política garantista y abolicionista” de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner atentó contra el poder y la regulación que las provincias podían ejercer dentro de los penales. “Lo que pasaba en las cárceles lo manejaba la Nación y sólo se hacía lo que la Nación quería”, sostuvo Cornejo. Con este mensaje, quiso dejar en claro que el anuncio que hizo en la Legislatura "no es inconstitucional", ya que el control de ejecución de la pena es una facultad de la provincia no delegada a la Nación.

Cornejo también minimizó los proyectos anteriores de trabajo carcelario de exlegisladores, como el de Daniel Cassia (PJ), y los definió como “ideas carentes de viabilidad”.
 

Inversión “histórica” en seguridad

En la Base Cóndor de Las Heras, el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el ministro de Seguridad de San Juan, Emilio Baistrocchi, y el director general de Policías, Roberto Munives, presentaron nuevo equipamiento adquirido para las fuerzas de seguridad y nombraron a 63 auxiliares policiales, que estarán a prueba durante 12 meses.

La inversión de la nueva flota ascendió a los $ 107 500 000, una cifra que el Gobierno calificó una vez más como “histórica” en materia de seguridad. Además, se renovó el 42 % de los vehículos que ya posee el Ministerio de Seguridad.

Para combatir el delito, se sumarán 200 nuevos móviles policiales, 14 traffics con capacidad para nueve personas y 13 vehículos para personal de investigaciones. Los furgones agilizarán el traslado de los delincuentes, lo que permitirá tener mayor cantidad de móviles a disposición para otras tareas. Además, cada unidad cuenta con un equipo detector facial y de huellas que permitirá identificar a los delincuentes.