A partir del 1 de agosto comenzará a regir el Código Procesal Penal (CPP) en la Segunda Circunscripción Judicial, es decir en San Rafael, General Alvear y Malargüe, lo que generará el funcionamiento del sistema acusatorio unificado. Ante esto el gobernador Alfredo Cornejo inauguró la nueva sede y aunque volvió a poner el ojo en los gastos de la justicia en los últimos 10 años, aseguró que los cambios serán positivos para todos los habitantes de Mendoza.

"Estos cambios están circunscritos en un plan general de reorganización del Estado necesaria y se financian con los impuestos del sector público y privado en la búsqueda de un Estado más eficiente", dijo el mandatario provincial  al tiempo que agregó: “los gastos del Estado han crecido en los últimos 10 años el doble del PBI, es decir, gastamos cada vez más para brindar servicios básicos y sustanciales que tienen resultados pobres. Algo esta pasando y en este sentido debemos hacer un enorme esfuerzo para mejorar la gestión y la calidad".

Sostener la inversión
En referencia al objetivo de un Estado eficiente, el mandatario provincial  aseguró que es necesario sostener la  inversión y hacer las prestaciones más eficientes. “La aplicación y creación del Código Procesal Penal se da en el Sur porque dentro del Poder Judicial hay profesionales de esta zona que hicieron importantes aportes y agilizaron los procedimientos con una pequeña inversión. Los actores propios del sistema van a tener una importante oportunidad de demostrarles a los ciudadanos que podemos tener una justicia más expedita” agregó Cornejo.

La presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente valoró la posibilidad de que después de 18 el CPP se apricará en toda la provincia.  “Esto significa acercarnos a la unificación de todo el sistema penal y representa la posibilidad de que los ciudadanos tengan un sistema de justicia más ágil y eficaz. Destaco la decisión política que tomó el Gobierno de Mendoza para aplicarlo y quiero felicitar a magistrados y funcionarios del sur porque ellos se hicieron cargo durante todo este tiempo de este desequilibrio que existía”, exclamó el presidente de la máximo tribunal local. 

¿Qué cambiará?

Que el CPP impere en el Sur pronvincial significa que de una vez por todas cambiará el sistema inquisitorio que aún persistía allí por otro de tipo acusatorio que ya está vigente en el resto del territorio provincial. Hasta ahora, en las investigaciones penales, actuaba un juez de instrucción y el fiscal lo asistía con pruebas. La Ley 6730 implica la investigación a cargo del fiscal bajo la supervisión del juez de Garantías, y una Defensoría oficial. 

En este lugar se crearán nuevos cargos, como lo son los ayudantes fiscales, que serán aprobados por el Consejo de la Magistratura. Además, en el proyecto se incorporará una cláusula para que estos funcionarios vivan a menos de 30 kilómetros de distancia de la fiscalía al tiempo que se crearán siete fiscalías de instrucción. 

El subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales, Marcelo D’ Agostino explicó que en General Alvear no hubo que crear ningún cargo sino que se refuncionalizarán los ya existentes. "Quien es Juez de Instrucción pasará a ser Fiscal de Instrucción; el Juez Penal de Menores pasa a ser Juez de Garantías y de también de menores que tendrá doble competencia. Además el fiscal de Instrucción Correccional y Civil será fiscal de Instrucción y el fiscal penal de Menores seguirá siéndolo y Civil", aclaró. 

En tanto que en Malargüe, donde no se contaba con Justicia Penal con asiento en el territorio, sí se tuvo que crear el cargo de Fiscal, Juez y Defensor. Antes de las modificaciones si se producía un delito en esta ciudad, el juez debía trasladarse desde San Rafael a Malargüe, lo que representaba un viaje de más de 200 km.