El acto convocado por Villarruel, compañera de fórmula de Milei, ha encendido las alarmas. La oblicua defensa de la represión, presentada como pretendido homenaje a víctimas de las acciones guerrilleras, muestra que podría alcanzar alto poder en nuestro país una persona que reivindica las dictaduras y somete la democracia a la tutela religiosa y militar.

Que la candidata no está simplemente haciendo memoria del dolor de familiares y personas queridas –dolor totalmente comprensible y respetable– se muestra en que lleva muchos años ligada a organizaciones que reivindican la dictadura –entre las que figuran quienes iban a visitar a Videla ya preso– y en que ella aparece entre los contactos de una persona tan siniestra como fuera Etchecolatz.

Las falacias de la convocatoria son notables: para hacer presentable el evento, se habló de “asesinados en democracia”, no de los de tiempos de dictadura. Pero faltó considerar: 1) esa democracia se logró gracias a diversos actores: unos decisivos fueron esos que la candidata llama “terroristas”. Los defendidos por ella no daban elecciones libres desde el golpe de 1955 hasta 1973, cuando las dieron solo bajo presión popular masiva; 2) durante la última parte del gobierno de Isabel, ya las FF. AA. operaban en la represión, por ejemplo, en el Operativo independencia de Tucumán. No solo habían impedido la democracia por 18 años, sino que eran parte de la beligerancia en democracia; 3) tan poco democráticos eran esos sectores durante el “interregno” de 1973 a 1976 que volvieron a dar el golpe ese último año. Así, desde 1955 a 1983, sobre 27 años, ¡24 fueron de gobiernos no elegidos libremente! ¡Y 14 de ellos, de dictaduras abiertas! La falta de expresión democrática fue la que llevó a la radicalización de la juventud de esa época.  

Hoy, que hay consensos entre los argentinos en la defensa de la democracia, sucede que, con esta, la rutinización se ha impuesto sobre el carisma. Algunos creen insulso hablar de democracia si hay fuertes problemas sociales: y claro que los hay. Otros, los más jóvenes, jamás vivieron fuera de la condición democrática, y por ello no la valoran. No saben lo que es la tutela autoritaria, y las humillaciones y prohibiciones que conlleva. Creen que la libertad es un grito adolescente de “¡Viva la libertad!”, y no el ejercicio que podemos hacer solo cuando no existen gobiernos extremistas.

Bullrich pretende cambiar súbitamente su discurso: del “todo o nada”, con apagón de la pantalla, hemos pasado a admoniciones sobre los valores y el bienestar. Parece que ha comprendido que hay un amplio sector de la sociedad que no se satisface solo con la llamada al “orden” represivo y a la grieta: hay un amplio espacio que prefiere las condiciones democráticas de vida. A las que hay que adosar soluciones en lo económico y social, por supuesto, pero que debe entonces ser mejorada, nunca suprimida.

Ante estos eventos, Massa encuentra una posibilidad. Tendrá que convencer de que, como presidente, podría convocar a sectores sociales para un pacto antiinflacionario: tarea nada menor. Pero, sobre todo, podría aprovechar su larga estancia en la llamada “ancha avenida del medio”, lejana de los polos más duros del enfrentamiento social. Cuando se trata de sostener la democracia, ese es un haber importante frente a beligerancias que poco colaboran a la paz necesaria.

La Argentina ha hallado pleno acuerdo en la defensa del sistema democrático a partir de 1983: que no pretendan arruinar ese legado. Las actuales Fuerzas Armadas ya no tienen relación con el tiempo de las dictaduras: difícilmente les haga bien que aparezcan quienes reivindican aquellos años. El país tiene claro que toda persona que haya muerto en medio de enfrentamientos internos da lugar a igual respeto y dolor en el plano humanitario, pero, en el plano jurídico, los crímenes de lesa humanidad –que no tienen prescripción– son solo los cometidos desde el Estado, por las ventajas que este provee. De tal modo, no hay ninguna simetría aceptable ni teoría de los dos demonios: la beligerancia fue entre fuerzas de poderío muy diferente, y con diferente asignación de responsabilidades. El terrorismo de Estado es el que operó los crímenes mayoritarios y sistemáticos, desde un Estado que debió –en todo caso– juzgar en su momento a los civiles responsables. En vez de ello, los sometió al secuestro, la persecución, la tortura, el exilio y la cárcel.

Sostengamos los consensos democráticos que nos han constituido como sociedad luego de 1983, así como venimos sosteniendo la defensa de la educación y de la universidad públicas, ante los ataques del privatismo generalizado. Bastantes problemas vivimos hoy como para agregarnos un revisionismo sobre cuestiones que están saldadas para la amplia mayoría de la ciudadanía nacional.