Con casi nueve meses de gestión, no cabe ninguna duda que la seguridad es el tema que le quita el sueño a Alfredo Cornejo. Las ocho leyes sancionadas y relacionadas con este tema se complementan, de alguna manera, con la asunción del procurador de la Corte, Alejandro Gullé, hecho que se concretó este jueves 1.° de septiembre.

En una ceremonia breve, el hombre elegido por Cornejo para ser el jefe de los fiscales reafirmó su propósito de mejorar las políticas de seguridad, avanzar en medidas que contengan a la víctima y lograr un sistema judicial rápido y eficaz. “Mucha gente quiere seguridad. Eso es lo que me propongo, y en este aspecto la tarea del Ministerio Público es vital. Es una de las patas de la comunidad. He asumido con el firme propósito de llevar adelante el camino de cambio”, explicó en medio de una extensa lista de agradecimientos.

Por este sendero, afirmó que quiere rediseñar el Ministerio Público, generar unidades fiscales especializadas y poner en marchar el sistema de denuncias por Internet. Según explicó, sus políticas serán tendientes a profundizar la investigación y acelerar los tiempos de la Justicia. Argumentó que es necesario realizar más trabajo y no quedarse detrás del delincuente. “Tenemos que poder adelantarnos. Con recursos e ideas lo podemos pensar”, señaló el nuevo Procurador, al tiempo que pidió más apoyo de la sociedad.

En la misma línea, el gobernador Alfredo Cornejo repitió su anhelo de acabar con la inseguridad e hizo un balance de su gestión. Puntualizó en las leyes relacionadas con la Justicia, como la modificación del Código Procesal Penal, y criticó la forma en que se distribuyeron los recursos durante los ocho años de gobierno peronista. El mandatario afirmó además que, a pesar de que se destinaron recursos a los diferentes sectores del Estado, Mendoza no está mejor, por lo que pidió hacer un cambio para que el sector público y el privado puedan hacer inversiones y que crezca la provincia.
 

La seguridad y la genética

No todo fue balance de gestión. El mandatario provincial confirmó que enviarán un proyecto para modificar la Ley de Bancos de ADN, sancionada en 2013. Lo que se busca es sacar muestras a policías, penitenciarios, procesados y  a todos los que sean imputados. La idea es crear un banco más amplio que el existente, por lo que destinará entre 25 y 27 millones de pesos.

En este caso, explicó que se hará un reacomodamiento de las partidas presupuestarias, es decir, se usará dinero del presupuesto actual y una parte consignará en la lista de 2017, aunque no precisó el monto que corresponde a cada período. Afirmó que el sistema funcionará desde el momento de la imputación y, que a diferencia de la situación anterior, las muestras no dependerán del Ejecutivo, sino del Ministerio Público.