La Facultad de Derecho de la UNCUYO se transformó este viernes 10 en un espacio de discusión sobre el derrame de cianuro producido por la empresa Barrick Gold en 2015. Diego Seguí, abogado de la Asamblea Jáchal No Se Toca, junto con Bernabel Gómez, oriundo de la localidad sanjuanina, se encargaron de aclarar las aristas judiciales y sociales del tema.

“Nos consideran sacrificables”, dijo Gómez en medio de su exposición. La expresión, que enmudeció a los presentes, refleja que las intenciones de la Barrick Gold no tienen en consideración la vida de todos los habitantes de Jáchal. En una lucha contra gigantes de la industria, el pueblo de la localidad, junto con su abogado defensor, resisten.

El rol de Diego Seguí en la causa contra la explotación minera en Veladero es fundamental para llevar adelante las denuncias. En su disertación, Seguí cuestionó duramente al gobierno de San Juan por encubrir y facilitar a las grandes corporaciones mineras, como Barrick Gold. También detalló el proceso que habían llevado a cabo para realizar las demandas, tanto para Veladero como para Pascua Lama. “Apelamos a los informes de impacto ambiental y empezamos a estudiarlos, aunque nos costó conseguirlos”, reveló el abogado defensor.

Los disertantes del encuentro: Bernabel Gómez, Diego Seguí, Andrés Ugarte y Marcelo Giraud (de izquierda a derecha).

Con respecto al derrame de cianuro producido el 13 de septiembre del 2015, confió que la angustia de los habitantes de Jáchal fue tal que la denuncia “ni siquiera reclamaba encontrar a los culpables”. Es decir que el informe presentado sólo pedía que se realizara una investigación para aclarar los hechos. Sin embargo, luego de ello comenzaron dos causas paralelas: una en la Justicia provincial y otra en la nacional.

“La primera causa fue terminada con culpables, que eran unos perejiles que no habían tenido nada que ver con el derrame, y la que estaba a cargo de (Sebastián) Casanello no quedó en nada porque transfirió la investigación a la provincia. Así, el CEO de la Barrick en ese momento, Caló, quedó impune”, advirtió Seguí.

Las palabras de Bernabel Gómez inevitablemente se complementaban con las de Seguí. “La megaminería es lo más tóxico para la agricultura”, argumentó Gómez, quien trabajó desde sus ocho años en esta actividad. También enfrentó duramente al Gobierno sanjuanino al explicar que si no hubiese sido por los empleados que avisaron sobre el derrame, habría pasado desapercibido. “No hay control y lo de minería sustentable es una mentira. Sustentable es la agricultura porque cuando se cosecha se puede volver a plantar”, argumentó vehementemente.

Otras visiones

En la conferencia también expuso Marcelo Giraud, geógrafo y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, quien habló específicamente del derrame en la mina. “Desde la Barrick Gold hablaron de un pequeño derrame de cianuro”, dijo para ejemplificar el cinismo y las mentiras que utiliza la compañía para escapar de sus responsabilidades.

Desde Buenos Aires, Enrique Viale, abogado y presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas Argentinos, detalló los procesos judiciales en cuestión. Hay dos causas judiciales, una en la justicia de San Juan y otra en el fuero Federal, a cargo de Casanello.

Viale explicó que tenían esperanzas en que la causa prosperara pero esto se frustró cuando desde Comodoro Py la transfirieron a la Justicia provincial. “Las corporaciones y las mineras son Tyson”, graficó entre risas para ejemplificar el poder de estas empresas en el país.

En la misma línea de exposición, Andrés Ugarte, abogado y director del Instituto Mendocino de Derecho Ambiental, brindó detalles judiciales sobre la Ley de Protección de Glaciares.

El encuentro fue rico en contenidos y en puntos de vista. Aún así, fuera de los tecnicismos judiciales, quedó claro el vital papel de la Asamblea Jáchal No Se Toca en la discusión. Nadie puede describir mejor la lucha que aquellos que están involucrados y que han levantado las banderas de la causa como propias. Bernabel Gómez concluyó su disertación advirtiendo que estas corporaciones mineras tienen un modus operandi sistemático y que, así como sucedió en San Juan, puede suceder en Mendoza.