El consumo nos atraviesa a todos en esta sociedad globalizada y, sin embargo, no está visto como un problema. Debe ser entendido como un fenómeno complejo, analizando sus componentes personales, vinculares, sociales, culturales, económicos y políticos, que necesariamente nos invitan a pensar desde una perspectiva integral.

El consumo problemático deviene, entonces, de entender al consumo como patrón ordenador de las relaciones sociales y de producción, y pasa a ser algo constitutivo de esta sociedad capitalista que nos envuelve en la ilusión de poder acceder a todo lo que está a nuestro alcance y pensar que podemos ser propietarios de algo actual, impulsado por ella misma. Así, todos consumimos objetos materiales y simbólicos.

Es un problema cuando se vincula con el exceso. Tales son los casos de consumos compulsivos; un impulso irresistible que no puede dejar de realizarse y cuyo correlato es la adicción, pero también otros usos en los cuales no hay compulsión ni adicción, como por ejemplo el simple hecho de probar sustancias de alto nivel de riesgo para la salud, sin información y sin precauciones. O la exposición a situaciones en las que el consumo de por sí no sería problemático, pero que por la situación en la que se realiza o por la cantidad que se consume termina siéndolo.

Intervienen factores de orden individual y social. En general se lo asocia a las drogas ilegales para no sentirnos interpelados frente a lo que cotidianamente nos consume a nosotros mismos: tiempo, libertad, autonomía. A veces, compulsivamente, nos hacemos dependientes de la comida, de drogas legales e ilegales, de compras o en planes a largo plazo.

¿Desde dónde intervenir?

Se debe intervenir entendiendo a la salud como construcción histórica social, cultural y subjetiva de carácter multideterminado, que ha variado a lo largo del tiempo y que a la vez varía y adquiere diferentes connotaciones y significados según diferentes contextos y grupos sociales. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos.

Tomando integralmente a la persona, dejando de focalizar el aspecto puramente físico, incorporando el aspecto mental, tan pasible de trastornos y enfermedades como lo corporal, pero donde los padecimientos son menos evidentes y la sociedad está menos predispuesta a hacerse cargo. El bienestar social implica personas “sanas” cuando se da esa conjunción.

El Estado, como garante del derecho a una vida sana de todos sus habitantes, debe trabajar en la elaboración de políticas públicas que faciliten el tratamiento de la temática, tanto desde la promoción como desde la prevención de la salud.