Las clases comienzan para todxs

Sociedad

Para terminar sus estudios secundarios, en 2013 ingresó a la recientemente creada Aula Satélite para Personas Travestis y Trans 15 de Julio-Transformando la Educación, del CENS 3-405 Roberto Arlt. Esta aula era coordinada por una organización militante de la diversidad sexual.

Fue en ese contexto en el que decidió hacer frente al proceso e iniciar los trámites necesarios para que su documentación reflejara su identidad de género autopercibida. Primero, modificaron su partida de nacimiento, y después, su DNI. Es decir, al año siguiente de la sanción de la Ley 26743, Herrera hizo uso del derecho a la identidad de género, hasta el 2012 negado y luego habilitado por esa política pública.

Los cambios fueron mucho más allá. La ley transformó realidades concretas: las personas travestis, transexuales y transgénero tuvieron un piso desde el cual poder acceder a la educación formal, al trabajo registrado, a la salud. De hecho, en 2021 también se entregaron los primeros DNI a no binaries, con una “X” en el espacio asignado al sexo.

“Para nosotras, la Ley de Identidad de Género fue un piso y, a partir de ahí, empezamos a luchar para el reconocimiento de la problemática laboral con la que nos encontrábamos a la hora de generar ingresos económicos”.

Es decir, este marco legal habilitó, además, la lucha por la inclusión laboral travesti y trans, ya que, hasta entonces, el lugar que socialmente se les asignaba era la prostitución. De hecho, en junio de 2021, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que establece que el Estado deberá contratar dentro del colectivo al menos al 1 % de la dotación de la administración pública.

Sin embargo, el mayor aporte de la legislación fue, probablemente, el cambio social que generó. El reconocimiento del derecho a la autopercepción sirvió para frenar malos tratos, burlas y ofensas: “Las personas ya no pueden manejarse de manera descontrolada y con impunidad con la que se venían manejando”.

La identidad es un derecho humano fundamental. ????

Que el interés superior, la autonomía progresiva y el protagonismo infantil sean los pilares para forjar un futuro libre de discriminación y de violencia ????

Campaña de sensibilización en el poder judicial ⚖ pic.twitter.com/EnhPltlpxR

— Consuelo Herrera (@ConsuelHerrera)

August 6, 2021

“El derecho al acceso a la identidad significa una oportunidad para poder desempeñarme como una ciudadana reconocida dentro de la sociedad, donde pasamos de ser una ficción a ser parte de la realidad, porque la gente siempre decía que nosotras no éramos reales, sino que éramos inventos y que, además, éramos personas disfrazadas. Pero no, nosotras no nos disfrazamos. Nuestra identidad no es un disfraz, es una identidad política”.

Sin embargo, hay un análisis posible a diez años de la sanción que tiene que ver con las conquistas pendientes. El desafío actual es “que las personas puedan adaptar sus prácticas a lo que realmente dice la ley”, explica la delegada del Inadi, porque todavía hay instituciones que se resisten. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando no permiten iniciar el trámite de cambio registral con el nombre autopercibido, a pesar de que la ley es muy clara al respecto. “En todo caso, lo que es necesario es el número de documento, no el nombre”.

¿Cómo acceder a un cambio registral?

Cuando una persona quiere rectificar su identidad de género, debe dirigirse al registro civil más cercano a su domicilio, tal como se hace para tramitar el DNI. En Mendoza, explica Consuelo Herrera, también existe la oportunidad de empezar el proceso en la Casa de Gobierno. Lo primero que se modifica es la partida de nacimiento: el género y el nombre con los que la persona no se autopercibe. Luego se cambia el DNI y, aproximadamente en dos o tres meses, llega el documento a manos de quien lo solicitó.

Hasta abril de 2021, se habían realizado 9383 cambios registrales, según datos del Renaper, de los cuales el 3,4 % fueron en Mendoza. Eso significa que, cada 100.000 residentes de Argentina, 20 tienen su DNI rectificado conforme a la Ley de Identidad de Género.