Un presidente asume el poder en el medio de la peor crisis institucional que se produjo desde 1983, luego de la renuncia del presidente electo a los dos años de su asunción, del juramento de cinco presidentes provisionales en una semana y del interregno de un presidente no electo por el voto popular seleccionado por el Senado. Este presidente fue seleccionado como candidato por el mandatario saliente por descarte, luego de que los elegidos se negaran o bien no subieran en las encuestas; luego, compitió en una elección en la que el peronismo participó dividido. En ésta quedó segundo, dos puntos por debajo de un expresidente ya medio caído en desgracia que luego (inexplicablemente) decidió no presentarse a la segunda vuelta, y privó así al segundo candidato de ser legitimado por el voto popular.

Este presidente asumió con cifras de pobreza e indigencia inéditas y movilizaciones de desocupados y movimientos sociales casi a diario, con el fantasma de un presidente que fue obligado a renunciar por las manifestaciones ciudadanas y con la amenaza de convertirse en “el Chirolita de Duhalde”.

Fast-forward doce años, hasta llegar al segundo presidente. Este es un dirigente surgido de una familia dueña de una de las mayores fortunas de la Argentina. Con voluntad de poder y paciencia, sin apresuramientos, construyó su llegada a la primera magistratura nacional, primero como presidente es uno de los clubes de fútbol más populares del país, luego como jefe de Gobierno, una vez reelecto, de la ciudad más poblada. Armó una alianza con la Unión Cívica Radical y, contra todos los pronósticos, se negó a aliarse con Sergio Massa –con razón–. Este candidato le ganó en una segunda vuelta, por una diferencia no mayúscula pero sí lo suficientemente clara, a una fórmula que incluía al gobernador de la provincia más poblada del país y al secretario Legal y Técnico de la Presidenta saliente.

Si bien es cierto que este Presidente no logró mayoría propia en ninguna de ambas cámaras, por primera vez en la historia nacional logró que su partido ganase la gobernación de la provincia de Buenos Aires y la jefatura de Gobierno de la Ciudad, así como un buen número de intendencias. Este presidente asumió con un peronismo impactado por la derrota, fragmentado en internas y con sus dirigentes subsumidos en una desbandada al no haber ganado ninguna provincia grande donde poder guarecerse; además, asumió con la buena voluntad, si no el apoyo directo, de buena parte de los principales periodistas y formadores de opinión pública, así como de una mayoría de los jueces y fiscales, incluyendo la Corte Suprema, que venían de un conflicto sordo pero áspero con el Gobierno anterior al que acusaban (a veces con buenos argumentos) de no respetar la independencia de poderes.

La economía, si bien con muchos problemas, no parecía dramática. La sociedad esperaba mejorías claras en temas de calidad institucional, como la reconstrucción del Indec y los procedimientos legislativos.

Ambos presidentes asumieron con un tema candente en la agenda: la necesidad de renovar o completar la Corte Suprema de Justicia. Ambos presidente eligieron estrategias completamente divergentes para hacerlo.

El primero, Néstor Kirchner, elevó al Congreso un pedido público de juicio político a jueces de la Corte Suprema desprestigiados por haber pertenecido a la llamada “mayoría automática” del menemismo. Cuando se produjeron las primeras vacantes por las renuncias de algunos de los jueces o la destitución de otros, Kirchner redactó un decreto que creaba un nuevo procedimiento para la selección de candidatos/as a la Corte Suprema, en el cual se establecía un plazo durante el cual organizaciones de la sociedad civil y juristas podían expresar objeciones sobre los candidatos y un mecanismo de audiencias públicas para que las ONG, los congresales y la ciudadanía presentaran preguntas.

Estas reformas, más el crecimiento económico, fueron una de las razones de que la sociedad premiara a su esposa eligiéndola presidenta en 2007. Luego, con el correr del tiempo, su sucesora entraría en un camino de fricción con jueces y fiscales, y de intentos fallidos de reformas que serían, sin duda, una más de las razones de la derrota de su partido en 2015 y de la victoria opositora.

Paradójicamente, la estrategia política luego de una victoria por el 54,11 % fue dejando a un lado la búsqueda de consensos y sintonía con la opinión púbica que habían funcionado con el 22 %. Masivas marchas de jueces y fiscales pidiendo Justicia luego de la dudosa muerte del fiscal Nisman fueron una de las estampas más fuertes que se asociaron con el fin del gobierno kirchnerista.

El segundo presidente, Mauricio Macri, decidió completar dos vacantes de la Corte Suprema (producidas no por juicio político sino por renuncias o fallecimientos) utilizando un decreto presidencial que nombra dos jueces “en comisión”, como si fueran funcionarios del Poder Ejecutivo, con una estratagema legal que no había sido utilizada nunca en democracia y cuyo último antecedente se remontaba a 1862, cuando lo hizo Bartolomé Mitre.

El Gobierno de Macri dio a conocer este decreto por vía interpósita, sin explicarlo a la sociedad, y abriendo paso a una ola de críticas que incluía a varios juristas prestigiosos (y varios de ellos acérrimos opositores al gobierno kirchnerista) y exaliados políticos. La explicación dada por, entre otros, el exsenador Ernesto Sanz fue que este paso era necesario para “garantizar la gobernabilidad” amenazada por la minoría del partido presidencial en el Senado y la posible falta de colaboración del PJ; frente a esto, era necesario para el Presidente dar una “señal de autoridad” que permitiera “marcarle la cancha” al peronismo.

¿Qué estrategia da más sensación de autoridad, y cuál de debilidad? ¿Qué estrategia es más conducente a la acumulación de poder, o sea, de aliados, y cuál menos? ¿Cuál lleva una evaluación positiva de la opinión pública? ¿Cuál estrategia es más defendible en el Congreso, y cuál menos?

Dejemos a un lado la evaluación de los méritos ético-legales de la decisión de Macri y concentrémonos en los méritos políticos o, más bien, en la decisión adoptada por este Gobierno de tomar una decisión que enfatiza, tan sólo a cinco días de asumido, su falta de votos en Senado (los cuales, como dice Ernesto Calvo, seguirán no estando al menos por dos años), que admite los débiles méritos de su razonamiento legal, que abre frentes internos en su propia coalición, que impone dos jueces supremos cuyos votos serán mirados de reojo y que le niega lo que podría haber sido un exitazo institucional.

¿Alguien duda de que, de haber presentado estos mismos candidatos con el procedimiento establecido y de haberse negado el peronismo a votarlos, el gobierno de Macri habría salido fortalecido, como lo hizo el de Néstor Kirchner en su momento? ¿Cuál era la “amenaza a la gobernalidad”, ya que nunca se la explicó públicamente? En definitiva, ¿cuál podría ser la razón por la cual un presidente recién electo, que asumió con democrática legitimidad de origen y con los auspicios y las esperanzas de buena parte de la sociedad, se presentaría frente a la sociedad sugiriendo que ‘debo hacer esto porque soy débil, y ahora todos creerán que soy fuerte’?

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