La norma que habilita al Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia, además de aplicar sanciones a las empresas, obtuvo 130 votos a favor y 105 en contra.
Ni las diatribas de la oposición ni las reiteradas advertencias de las corporaciones empresarias alcanzaron para torcer la voluntad del oficialismo que, tras un debate de alrededor de 14 horas en la Cámara de Diputados, logró reformar la Ley de Abastecimiento y crear un observatorio de precios.
Las iniciativas más polémicas del paquete enviado por el Poder Ejecutivo contaron con los votos del Frente para la Victoria y sus aliados, mientras que parte de la oposición acompañó la inauguración de un nuevo fuero para dirimir los reclamos de los consumidores.
Fue al cabo de un debate que se hizo extenso a causa de la veintena de dictámenes presentados, aunque, a pesar de que se preveía el fin de la sesión para el mediodía del jueves, los legisladores acordaron reducir drásticamente la lista de oradores para votar pasadas las 2 de la mañana.
La “nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”, que fue el epicentro de la discusión en el recinto, tuvo 130 votos a favor y 105 en contra, de la UCR, el FAP, el Frente Renovador, Unión Pro, la CC-ARI, Suma+UNEN y el FIT. Hubo cinco abstenciones: tres de Unidad Popular, de Claudio Lozano, y dos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Con la excepción de este bloque, el oficialismo contó con los votos de sus aliados habituales del Frente Cívico por Santiago, Nuevo Encuentro, el PJ La Pampa y el Movimiento Solidario Popular.
Los bloques opositores sustentaron su rechazo en la “arbitrariedad” y la “discrecionalidad” que esta ley otorgaría a los funcionarios para fijar márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.
En este sentido, propusieron sin éxito delegar las atribuciones de la ley en el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, en lugar de hacerlo en la Secretaría de Comercio.
Además, algunos auguraron que la nueva Ley de Abastecimiento será declarada “inconstitucional” por atentar contra la libertad de empresa y la propiedad privada, argumento que también levantó el denominado “Grupo de los seis” en un duro documento hace casi un mes.