Finalmente, hubo acercamiento entre los representantes de los magistrados y los miembros de la Suprema Corte Provincial por el conflicto desatado a raíz del traslado de personal del fuero Civil al de Familia. Abrieron un camino al diálogo y ese sendero fue posible tras la decisión de suspender la polémica acordada que ordenaba el traslado de judiciales de un fuero al otro.

Esta posibilidad ya la había adelantado a Unidiversidad el juez y vocal de la asociación que los nuclea, Juan Pablo Civit, ya que durante las primeras horas de la jornada, las partes tuvieron un nuevo encuentro para intentar acercar posiciones. Aunque no llegaron a un acuerdo, decidieron extender el encuentro en horas de la tarde para intentar buscar una solución al conflicto, que finalmente llegó.

La "fumata blanca" en el Palacio Judicial llegó tras decidir suspender la Acordada 29489. Asimismo, se constituyó una "Comisión de Trabajo y Estudio" que determine la estructura organizativa de los Tribunales de Gestión Judicial Asociada. Esta comisión estará integrada por los integrantes que designen la Corte, la Asociación de Magistrados y la Asociación de Funcionarios Judiciales. 

Nanclares hizo mea culpa por el modo en que trasladó personal

El titular de la Suprema Corte de Justicia lamentó "haber hecho emplazamientos en 24 horas" y no dialogar con los jueces civiles antes de tomar la medida de traspaso de personal de ese fuero al de Familia. No obstante, defendió la medida.

La medida de la discordia

La acordada 29489, fechada el 17 de febrero de 2020 y firmada por los integrantes de la Sala Administrativa de la Corte, Jorge Nanclares, Omar Palermo y Julio Gómez fue –y es– la razón del conflicto. En el escrito, los supremos resolvieron trasladar a un grupo de secretarios de los tribunales asociados (que realizan todo el trabajo administrativo, incluida la organización de audiencias) del fuero Civil al de Familia, aduciendo la necesidad de equilibrar las cargas y de que el sistema tenga flexibilidad para dar respuestas a los ciudadanos.

En ese escrito también detallaron la sobrecarga del fuero de Familia. Informaron que en la  primera circunscripción (Gran Mendoza y Lavalle) hay 30 jueces/zas civiles que en promedio tienen 288 procesos cada uno, mientras en el fuero de Familia hay 13 magistrados y magistradas, y cada uno tiene en sus manos 2229 procesos.

La medida fue resistida por los y las jueces civiles, que adujeron que la decisión fue inconsulta, a las apuradas (les dieron 24 horas para los traslados) y que la forma de solucionar un problema no era generar otro. Por esta razón, decidieron no participar de la apertura del año judicial 2020, un acto clásico para ese poder durante el cual el presidente del máximo tribunal, Jorge Nanclares, defendió la decisión.

Los jueces civiles no asistieron al acto de apertura del año judicial

La magistrada Viviana Boromei explicó que no están de acuerdo la decisión de la Suprema Corte de trasladar a parte de su personal a la Justicia de Familia.

En una entrevista que brindó a Señal U, la jueza Viviana Boromei explicó las razones de la postura que tomaron en conjunto las y los 30 jueces civiles. Dijo que la decisión de la Corte fue inconsulta, que en 24 horas los emplazaron a trasladar 60 personas y que, si bien reconocen que el fuero de Familia se encuentra sobresaturado, aseguró que es necesario encontrar alternativas para solucionar la situación y no dejar sin personal clave al Fuero Civil.

Pese a que las partes se reunieron en varias ocasiones y a que los magistrados presentaron propuestas alternativas de solución, no llegaron a un acuerdo (hasta este jueves). Es por eso que los jueces civiles presentaron un recurso de revocatoria ante la Corte (básicamente es una solicitud para que deje sin efecto la medida) y la Asociación de Funcionarios Judiciales presentó un amparo que está en manos del conjuez Sergio Boverman.

Una de las primeras medidas que tomó el magistrado fue pedir la opinión sobre el tema al fiscal de Estado Fernando Simón. Desde la oficina de prensa de ese organismo, confirmaron que el pedido del juez ingresó y que Simón tiene hasta el lunes en la tarde como plazo máximo para expedirse. Básicamente, el fiscal debe determinar si la decisión que tomaron los integrantes de la Corte es o no constitucional.

Suarez enviará un proyecto para regular salarios en el Poder Judicial

El gobernador, Rodolfo Suarez, anunció el envío de un proyecto de ley cuyo foco será "regular que el salario tenga directa relación con la prestación y función que se ejerza y ratificar que nadie puede cobrar más que el Gobernador".

Conflicto II

La decisión que inició el conflicto generó otras rispideces. En medio de la puja, se dieron a conocer los salarios que cobra un grupo de empleados de la Corte, unos 80, que por medio de una acordada tienen atados sus sueldos al de los jueces, aunque no lo son porque no rindieron un concurso, no pasaron una audiencia pública, ni sus pliegos fueron aprobados por el Senado. Algunas y algunos cobran hasta 405 mil pesos mensuales, el doble de que lo que percibe la máxima autoridad de la provincia, el gobernador Rodolfo Suarez.

Luego de que se conocieran los montos de estos sueldos, que publicó el periodista Mariano Bustos en "MDZ", fue el gobernador el que mostró su indignación a través de su cuenta de Twitter. “Luego de conocer que una secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza percibe un salario de bolsillo de $ 406 818 y no paga Ganancias, en nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías”.

Aun cuando es difícil creer que Suarez no estaba al tanto de esta situación que no solo se da en este poder del Estado, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de ley para regular los salarios con el objetivo de que tengan una directa relación con la prestación y función que se ejerza, además de ratificar que nadie puede cobrar más que el primer mandatario provincial.

Suarez busca prohibir la equiparación de cargos en el Poder Judicial

Provincial Unidiversidad por Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza / Publicado el 05 DE MARZO 2020 Entre los puntos más importantes del documento se emplaza a todos los organismos del Estado a regularizar la situación en un mes y además destaca que los saldos presupuestarios se destinarán a reforzar los cargos solicitados para el fuero de familia.