Dos expertos de las Naciones Unidas (ONU) pidieron al Gobierno argentino que se resuelva el conflicto por la regulación del Río Atuel entre las provincias de Mendoza y La Pampa para garantizar “el acceso equitativo al agua y que se respeten los derechos de miles de personas afectadas desde hace seis décadas". A su vez, exhortaron a los gobiernos de ambas provincias a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia que establece la interprovincialidad del río Atuel y a que regularicen la utilización del agua de forma compartida.

El relator especial sobre Agua y Saneamiento de la ONU, Leo Heller, dijo que "el Gobierno argentino tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de los residentes de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado al agua”.

Además señaló que los recientes desarrollos judiciales han dejado en evidencia la persistencia del problema y que existe falta de compromiso de las autoridades provinciales y nacionales para resolver el conflicto. 

Asimismo, Hilal Elver, otra relatora especial, expresó, en referencia al derecho a la alimentación, una grave preocupación por el éxodo poblacional en la zona oeste de La Pampa debido a la desecación del Atuel. La ONU advierte que "la falta de agua ha contribuido a la salinización del agua restante y ha provocado escasez de forraje para el ganado, la muerte de animales y la degradación del suelo".

Y agregó: “El Estado no debe adoptar medidas de ningún tipo que impidan el acceso a alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas”.

Los relatores se pronunciaron sobre este caso en sendas comunicaciones oficiales enviadas al gobierno en 2014 y 2015 y Argentina respondió a los expertos el año pasado sugiriendo la confirmación de las presuntas violaciones.

La disputa

La Pampa demandó a Mendoza en mayo de 2014 argumentando que los cortes del río Atuel ocurridos desde 1947, año en que se construyó la represa Los Nihuiles, han provocado daños ambientales. El objetivo de la vecina provincia es que se declarara el incumplimiento de un fallo del máximo tribunal, de 1987, que obligaba a negociar convenios para la regulación en el uso del curso hídrico.

Mendoza respondió basándose en otra disposición del mismo fallo que establece que la provincia tenía derecho a regar hasta 75.771 hectáreas y, luego, compartir con La Pampa usos futuros. Además, la defensa insiste en que la provincia, a diferencia de La Pampa, ha invertido 150 millones de pesos en obras de impermeabilización de canales y en el Marginal del Atuel, explica el Diario Jornada.

En el mes de junio, la Procuración General de la Nación rechazó esta defensa y se pronunció a favor de que la causa llegue al máximo tribunal, quien tendrá la última palabra.