Conflicto con personal de anestesiología: tratamiento exprés para declarar la emergencia sanitaria
La crisis se originó porque anestesiólogos y anestesiólogas buscan aumentar su sueldo y tener un sistema diferencial de cobro por las prestaciones que realizan en el sistema de salud pública.
La ministra de Salud, Ana María Nadal, en la Legislatura. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Pese al rechazo de la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA), el proyecto de ley para declarar la emergencia sanitaria por falta de personal que presta ese servicio se tratará en ambas cámaras de la Legislatura este martes. Así se acordó entre el oficialismo y la oposición para intentar solucionar el conflicto que ha obligado a suspender intervenciones quirúrgicas en los hospitales estatales de Mendoza. De hecho, ya al mediodía, el Senado consiguió darle media sanción a la iniciativa.
La crisis se originó porque anestesiólogos y anestesiólogas buscan aumentar su sueldo y tener un sistema diferencial de cobro por las prestaciones que realizan en el sistema de salud pública. Las condiciones son resistidas por el Gobierno porque se sostiene que estos profesionales de la salud quieren cobrar montos elevados según las estimaciones oficiales y por encima de otras especialidades.
Lo cierto es que la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo incluye varios puntos preocupantes para AMA, como el que propone buscar a otros especialistas médicos para que apliquen anestesias en operaciones a pacientes. "Poner una anestesia requiere cuatro años de especialización particular. No cualquiera puede ser anestesiólogo. Lo que están buscando es solucionar un problema de Recursos Humanos de cualquier forma", declaró este lunes el presidente de AMA, Rodolfo Mollar.
Este lunes, la ministra de Salud, Ana María Nadal, fue a la Legislatura a defender la iniciativa y que sea tratada sobre tablas, es decir, en el mismo recinto, sin pasar por las comisiones. Mientras médicas y médicos autoconvocados se concentraron en las inmediaciones de la casa de las leyes, la funcionaria se reunió con las autoridades de bloque de ambas cámaras y también con representantes de las y los anestesiólogos. En declaraciones a medios, la funcionaria criticó al gremio de anestesistas por negarse a firmar los nuevos contratos como prestadores del Estado.
"Nosotros queremos trabajar y es importante cuidar la salud pública, pero, con las condiciones de indigencia a las que nos quiere llevar el Gobierno, los prestadores no pueden seguir así", sostuvo por su parte Mollar.
Tratamiento exprés
Desde el oficialismo, indicaron que aceptarían algunos de los cambios propuestos por la oposición. Es que, para que el proyecto sea aprobado, necesita los dos tercios de los votos, por lo que es necesario que haya un principio de acuerdo. Para apurar el tratamiento, se acordó tratar el proyecto de manera exprés, primero en el Senado y luego en Diputados, debido a que este martes sesionará esa cámara porque el miércoles es feriado por el Censo Nacional. "Con la salud de los mendocinos no vamos a jugar. El Ejecutivo ha estado 80 días planteando distintas alternativas para ir mejorando situaciones. Estamos charlando, dejando en claro que la emergencia existe", declaró el presidente del bloque Cambia Mendoza, Martín Kerchner.
El Frente de Todos planteó el desacuerdo con varios puntos del proyecto. "Llevamos a la mesa una propuesta superadora intentando acercar a las partes", afirmó el titular del bloque del Senado, Lucas Ilardo. Entre los cuestionamientos del PJ, se encuentra el artículo 3, que hace referencia a las renuncias de los profesionales y también a las sanciones por los incumplimientos. El oficialismo aceptaría eliminar del texto original las suspensiones para los que renuncien y la imposibilidad de ser contratados nuevamente por la Administración Pública. Lo que se mantendría sería el plazo de 30 a 120 días para que el Poder Ejecutivo acepte o no la renuncia.
Otro aspecto que planteó el peronismo fue quitar el artículo 4, que facultaba al Ministerio de Salud a convocar a los anestesiólogos jubilados, con matrícula vigente, que hayan prestado servicios en los últimos 5 años. La negociación también incluye disminuir el periodo de la emergencia. El peronismo quiere bajarlo de 18 meses a 4, con la posibilidad de ser prorrogado.
Fuente: El Sol y Mendozapost
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