La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y del expresidente de AFA, Luis Segura. Además, el tribunal dejó firme el procesamiento de Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, y dictó la falta de mérito para Juan Manuel Abal Medina. Se trata de la causa por presuntas irregularidades en el contrato de compra de derechos de televisación de partidos de fútbol en 2009 por parte del Estado Nacional con la Asociación del Fútbol Argentino.

Asimismo, la Cámara Federal dispuso el sobreseimiento de Pablo Paladino, primer coordinador del Programa Fútbol Para Todos (la jueza Servini de Cubría lo había procesado el año pasado por el delito de violación de los deberes de funcionario público) y dictó la falta de mérito de Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y de Eduardo Spinosa, extesorero de AFA. Mientras, dejó firme el procesamiento de Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, por el delito de peculado y le impuso un embargo de 5 millones de pesos.

Otros procesados por el delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administracion pública, según Infobae, son los siguientes exdirigentes de AFA: Rafael Savino, Carlos Portel, José Lemme, Miguel Ángel Silva y Rubén Raposo. Esta decisión de la justicia hace que los procesados queden en instancia de ser enviados a juicio oral. Pero antes se deberá resolver la situación de los que recibieron una falta de mérito, que implica que deben seguir siendo investigados.

Respecto de los embargos, el tribunal ratificó la inhibición sobre los bienes de Luis Segura por 50 millones de pesos; de Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por 10 millones, de Gabriel Mariotto por 5 millones y del resto de los exdirigentes de AFA procesados por 20 millones.

Para la jueza Servini de Cubría, los fondos aportados por el Estado dejaban de ser "públicos" cuando ingresaban a la órbita de la AFA, y los directivos del fútbol encargados de la distribución hacia los clubes cometieron la defraudación, en múltiples casos mediante el descuento de cheques en "cuevas" y financieras, explica La Nación. Según el mismo medio, Aníbal Fernández apeló en octubre de 2016, cuando planteó su disconformidad con la resolución tomada por la jueza Servini de Cubría, al considerar que no incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para Fernández no era función del jefe de Gabinete controlar la ejecución de las partidas presupuestarias del programa Fútbol Para Todos.