La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento contra Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López (entre otros exfuncionarios) y Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero también confirmaron los embargos trabados sobre los principales imputados, por 10 000 millones de pesos para cada uno. Con este escenario, la expresidenta quedó más cerca de otro juicio oral. El juez de la causa, Julián Ercolini, podría elevarla en octubre, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

El 27 de diciembre de 2016, Ercolini procesó a la expresidenta por asociación ilícita y defraudación al Estado, junto a su exministro de Planificación, Julio de Vido; el exsecretario de obras públicas, José López, Carlos Kirchner y Nelson Periotti (exdirector de Vialidad Nacional), entre otros exfuncionarios. La decisión incluyó al empresario kirchnerista Lázaro Báez.

Al procesar a Cristina, el juez consideró que ella, junto con todas las autoridades nacionales y provinciales de Vialidad, formaron "parte de una asociación, la que habría funcionado entre mayo del año 2003 y diciembre de 2015", destinada a "cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz".

Así, se "favoreció" al Grupo Austral –propiedad de Báez–, con la obtención de 52 contratos viales por 46 000 millones de pesos. Ercolini sostuvo que con dicha maniobra se "perjudicaron los intereses del Estado" con el fin de procurar "un lucro indebido propio o de terceros, como el del empresario Lázaro Báez".

A partir de una división de tareas y funciones específicas propia de los cargos públicos en el Estado, se remarcó que "por acción u omisión, permitieron que se cumpliera con el propósito común", que fue favorecer al Grupo Báez en perjuicio del erario público, lo que se calificó como una "asociación ilícita".

En lo que concierne a Cristina, en su carácter de presidenta, se la responsabilizó de "perjudicar los intereses confiados" al no cumplir con "su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado" en función de su calidad de jefa de gobierno y "responsable política de la administración general del país".

Acusaciones similares recayeron sobre De Vido, al tener bajo su responsabilidad todo lo inherente a las obras públicas, la actividad vial y la planificación de la inversión pública. Ante tales funciones "habría omitido controlar la actividad de las dependencias que se encontraban bajo la órbita del ministerio a su cargo". Esta "falta de controles" posibilitó que Báez ganara licitaciones "plagadas de irregularidades": la mitad de las obras no se concluyeron y se cobraron con un sobreprecio promedio del 65 %.

A Báez, que cuenta con seis procesamientos y está preso desde hace quince meses, se lo acusó de haber realizado "un aporte imprescindible" a la matriz de corrupción investigada. En primer lugar, por "haber montado y aportado la estructura societaria necesaria para hacer confluir en aquella los fondos del Estado nacional", como lo fue Austral Construcciones (adjudicataria del 78,4 % de los contratos viales).