El expresidente de la Nación y actual senador por La Rioja Carlos Saúl Menem fue condenado este miércoles a cumplir una pena de tres años y nueve meses de prisión al ser hallado culpable del delito de peculado por la venta del predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en la década del 90, por un valor varias veces inferior al de mercado y sin intervención del Congreso de la Nación.

El predio fue adquirido por la SRA en 1991 a cambio de 30 millones de dólares. De acuerdo con la fiscalía, los terrenos valían más de USD 131 millones.

La pena es de cumplimiento efectivo, pero no se materializará hasta que la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 (TOCF2) quede firme en la instancia superior de la Cámara Federal de Casación Penal. Si esto ocurriera antes del vencimiento de su mandato parlamentario, deberá pedírsele su desafuero a la Cámara de Senadores.

En esa línea, la  condena fue dispuesta de manera unánime por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michilini, integrantes para este juicio iniciado el 6 de junio del año pasado por el TOCF2. También condenaron al exministro de Economía Domingo Cavallo a tres años y medio de cárcel. En ambos casos, Menem y Cavallo fueron inhabilitados a perpetuidad para volver a ejercer un cargo público.

El secretario del tribunal, Andrés Flores, anunció que la sentencia, es decir, los fundamentos del veredicto, estarán disponibles para las partes el 28 de mayo. A partir de ese momento, los acusados tendrán diez días hábiles para interponer el recurso de casación e intentar revertir el fallo.

En el caso de Cavallo, tampoco irá a prisión inmediatamente, sino una vez que la condena quede firme. Tanto Menem como Cavallo habían sido condenados a penas de prisión efectiva por el pago de sobresueldos a los funcionarios de los dos gobiernos menemistas, pero aún esas prisiones no se efectivizaron.

Menem también había sido hallado culpable y condenado a siete años de cárcel por la venta de armas a Ecuador y Croacia en la década del 90. Sin embargo, esa sentencia fue varias veces apelada y finalmente anulada por el transcurso del tiempo y la violación a la garantía del "plazo razonable" para su juzgamiento, según dispuso el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal.

En cambio, Eduardo de Zavalía, expresidente de la SRA, fue absuelto por la compra de La Rural, al igual que el resto de los acusados, con la excepción de Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, condenados a tres años de prisión en suspenso por su actuación en el caso, relacionada con la tasación del predio ubicado detrás de la Embajada de los Estados Unidos.

Respecto del pedido de la fiscal Gabriela Baigún y la querellante Agencia de Bienes del Estado (AABE) de restituir a la órbita estatal el costoso predio de Palermo, el tribunal dijo que se deberá estar dispuesto a lo que resuelva un juzgado civil y comercial federal en el que se dirime un juicio de la SRA contra el Estado.

"Se ha hecho justicia", dijo la entidad rural tras el veredicto a través de un comunicado en el que reivindicó la inocencia de sus entonces directivos, De Zavalía y Juan Alberto Ravagnan.

Además, la SRA se quejó de los "más de 20 años de persecución judicial injusta" y ratificó "la legalidad de la operación de compraventa" de su predio de Palermo donde todos los inviernos se hace la feria del campo.