Condenaron a Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación
El juez Baltasar Garzón fue condenado este jueves a 11 años de
inhabilitación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que lo
halló culpable de autorizar la intervención de las comunicaciones que
mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus
abogados.
El fallo fue aprobado por unanimidad y le fue comunicado personalmente
al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien se
desplazó este jueves a la sede del Tribunal Supremo.
La acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa
al empresario vinculado a la trama, José Luis Ulibarri, reclamaba entre
10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su
derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
Tras conocer la sentencia, Garzón abandonó el alto tribunal con
semblante serio y sin realizar declaraciones, informó la agencia de
noticias Europa Press.
Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional
se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito
de prevaricato y otro de uso de artificios de escucha y grabación con
violación de las garantías constitucionales.
Este miércoles quedó para sentencia el segundo juicio celebrado contra
Garzón en el Tribunal Supremo, por otro presunto delito de prevaricato
cometido al investigar los crímenes franquistas siendo que,
supuestamente según la acusación, carecía de competencia para ello.
Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró
su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de
defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las
decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la
más estricta legalidad".
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron
acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la
intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta
blanquearan capitales.
Asimismo alegaron que "en casos ajenos al terrorismo", como el de la
joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya
fallecido Pablo Vioque, también se ordenó la pinchadura de las
entrevistas entre presos y abogados.
Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010,
tiene abiertos también otra acusación de prevaricato en su contra otros
procedimientos en su contra por supuesto cobro del Banco del Santander y
otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva
York.
Fuente: Télam