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04 DE NOVIEMBRE DE 2024
La justicia federal condenó a 18 años de prisión al ex policía Luis Antonio Falco, por la apropiación del actual legislador porteño Juan Cabandié, nacido en 1978 en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA, donde sus padres estaban secuestrados.
Foto: Web
El fallo dictado por la jueza federal María Servini de
Cubría fue leído ayer por la tarde en el Palacio de Tribunales porteño a 13
años de que se abriera la causa y a 29 de la primera denuncia, radicada en
1982.
La sala estaba repleta de jóvenes de la agrupación HIJOS, familiares y
compañeros de Cabandié, entre los que se destacaba el dirigente juvenil
kirchnerista Andrés “Cuervo” Larroque, de “La Cámpora”, que vivaron y
aplaudieron la decisión judicial.
“La verdad hace libre a las personas, porque no se puede vivir sin saber
quiénes somos”, declaró emocionado en la sala el legislador, el mismo que el 24
de marzo del 2004 habló en un acto en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)
presentándose como “yo soy Juan, yo nací aquí".
Falco, ex agente de inteligencia policial, fue detenido la semana pasada para
evitar que se fugara y ayer no estuvo en la lectura de la condena, de la cual
será notificado en el pabellón de “lesa humanidad” del penal de Marcos Paz.
Juan Cabandié es hijo biológico de Alicia Alfonsín, que cursaba el séptimo mes
de embarazo cuando fue secuestrada, y de Damián Abel Cabandié, ambos
desaparecidos, y nació en marzo de 1978.
El ahora legislador kirchnerista querelló a su apropiador, para el que pidió 25
años de prisión, y estuvo acompañado en la corta audiencia por Vanina Falco,
hija biológica del apropiador y hermana de crianza.
“Somos hermanos, más que nunca”, dijo Cabandié que fue el nieto número 77
identificado por las Abuelas de Plaza de Mayo al recuperar su identidad.
“Todavía faltan 400”, agregó, para sostener que “no hay más nietos recuperados
porque la justicia se hace cómplice de maniobras de grandes medios para ocultar
la verdad”.
Falco fue juzgado en un procedimiento escrito por el antiguo código y fue
condenado por los delitos de “retención y ocultamiento de un menor de 10 años”,
alteración de estado civil y falsedad ideológica por la adulteración de los
documentos.
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