El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, mantuvo este martes una reunión con representantes de la organización Amnistía Internacional (AI) para analizar la situación de los derechos humanos en Formosa en el contexto de la pandemia de coronavirus, ocasión en la que ambas partes se comprometieron a "mantener el contacto para seguir la evolución del caso".

La entrevista había sido solicitada días atrás por la representación argentina de la ONG y se concretó en el marco de una serie de acciones que el Gobierno nacional realiza con distintos actores tras las denuncias de abuso y arbitrariedades presuntamente cometidas por parte de la policía de esa provincia.

En la actividad, que se inició a las 10.30 y se extendió durante una hora en la Casa de Gobierno, participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak.

Por parte de Amnistía Internacional asistieron Mariela Belski, directora Ejecutiva de la entidad, y su directora adjunta, Paola García Rey.

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Ambas partes ponderaron la reunión y la consideraron “cordial” y “constructiva”, a la vez que coincidieron en la necesidad de profundizar el diálogo entre todos los actores involucrados.

En ese sentido, desde el Gobierno nacional insistieron en que se profundizará la estrategia de “escuchar a todos”.

"Con Amnistía Internacional coincidimos en la necesidad de profundizar el diálogo, tanto por las situaciones de violencia institucional en Formosa como en cualquier otro caso en el marco de la pandemia. Nuestro gobierno tiene un compromiso ineludible con los derechos humanos", señaló Cafiero a través de las redes sociales.

Según se comunicó, el Gobierno nacional compartió los resultados preliminares del informe que realizó la Secretaría de Derechos Humanos y, en paralelo, la organización internacional agregó datos que elaboró sobre la situación en la provincia.

En declaraciones a Télam tras la reunión, Belski dijo que en la ONG quedaron "muy conformes con la reunión", a la que consideraron "muy constructiva".

"Nos contaron con detalle la experiencia de la visita y lo que vieron. Nos comentaron su mirada respecto de Formosa y de la reunión que tuvieron con las autoridades de la provincia. Nos dijeron que van a seguir monitoreando la situación y no van a sacar los ojos de ahí", añadió la representante de Amnistía en relación al encuentro con los funcionarios del Ejecutivo.

En ese sentido, la integrante de Amnistía afirmó que "la provincia aceptó la colaboración del Gobierno nacional para trabajar de manera conjunta" y que la entidad de derechos humanos pudo exponer su posición sobre casos que considera "contundentes".

"Quedamos en estar en contacto, cada vez que tengamos alguna denuncia se las vamos a acercar. Lo que más nos importa es tener acceso a las autoridades para que eso se revierta", destacó.

Consultada sobre la posibilidad de que el diálogo con la Nación permita establecer contacto con la gestión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, Belski sentenció: “Lo vemos más difícil. Hemos hecho dos pedidos de información, hemos pedido reunión (con el gobernador) y no hemos tenido respuesta. Vemos difícil la invitación”.

En ese sentido comentó que AI suele acompañar los informes con visitas “al terreno” y que la intención era pedirle al Gobierno formoseño que permitiera una constatación para “documentar” la situación en el territorio.

La ronda de entrevistas por el manejo sanitario en la provincia del noreste argentino fue iniciada la semana pasada por el propio Pietragalla, con una visita a Formosa en la que se reunió con autoridades locales, organizaciones sociales, dirigentes y referentes de la oposición política y representantes de la sociedad civil.

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En tanto, anoche, Cafiero encabezó una reunión de trabajo con autoridades nacionales y representantes de la provincia de Formosa para concretar un "abordaje sanitario y epidemiológico de cada centro de aislamiento, como así también intercambiar información con respecto a las denuncias referidas al abuso y arbitrariedades por parte de la autoridad policial que, en el cumplimiento del aislamiento vigente en dicha provincia, constituyan actos de violencia institucional", según informó oportunamente el Gobierno.

En el encuentro -explicó la Casa Rosada- se evaluó la situación en los centros de alojamiento de Formosa y se adelantó el informe preliminar en el cual se resaltó el compromiso de los Estados “que deben asegurar que toda restricción de derechos de las personas en el contexto de la pandemia cumpla con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad, y se ajuste al fin de proteger la salud y la vida”.