Con lal adhesión de una treintena de organizaciones sociales y políticas, la escuela Virgen del Rosario, de Lavalle, a la que asisten los hijos de Soledad Olivera, convoca a una concentración para el próximo lunes 10 para acompañar el inicio del juicio oral por la desaparición de esta mujer, quien fuera vista por última vez el 18 de noviembre de 2011. Frente al tribunal estará Mariano Luque, el único imputado en la causa.

Bajo el lema "Las mujeres no desaparecen. Las matan o las venden para su explotación sexual", cientos de personas, encabezadas por Silvia Minoli, directora del establecimiento, se concentrarán a partir de las 8.30 en las puertas de la Segunda Cámara en lo Criminal (3° piso de Tribunales Provinciales).

El principal temor de las agrupaciones es que, ante la imposibilidad de encontrar a la víctima, en este y en otros casos de desapariciones, se corre el riesgo de otorgarle a los femicidas o protituyentes una "fácil opción para reducir su pena en caso de ser acusados y encontrados culpables", y en consecuencia, "para quien sea acusado de privación ilegítima de la libertad, la desaparición se le ofrece como el camino relativamente sencillo de burlar a la justicia".

Es precisamente por esta figura que está imputado Luque, ya que quedó probado que mantenía una relación con la joven, que intercambiaron mensajes de texto antes de su desaparición y que ella iba a encontrarse con él la última vez que la vieron con vida, según las declaraciones de los testigos. El representante en Mendoza de la Secretaría de la Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, señaló que analiza solicitar un cambio de carátula, algo que ya planteó al fiscal de la causa. La nueva figura será homicidio, que tiene una pena de 8 a 25 años, mucho mayor que la impuesta para el delito de privación ilegítima de la libertad, que prevé un plazo máximo de 6 años.

Sin embargo, los convocantes a la marcha recuerdan que la Cámara de Apelaciones de la Provincia ya dijo que "De la atenta lectura de las actuaciones principales se desprende que se trataría el investigado de un hecho que debe ser calificado como de 'violencia contra la mujer', en los términos del art. 1.º de la 'Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer – Convención de Belem do Pará' (aprobada por Ley Nº24632) y del art. 4.º de la ley Nº 26485 de Protección integral de las mujeres".