La ley de Ética Pública es un proyecto que la vicegobernadora Laura Montero militó personalmente. Luego de los insólitos registros de los bienes de los funcionarios que incluían las primeras declaraciones juradas obligatorias que se hicieron en la provincia, el apuro del Ejecutivo para elaborar un nuevo proyecto, con características distintias a las de la ley que hasta ahora los obliga a publicar sus posesiones ante el fiscal Fernando Simón, se acrecentó.

En esto la mayoría de los partidos parecía estar de acuerdo. Sin embargo, cuando se trató la figura del auditor de la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública (OIAyEP), la situación cambió y en la sesión de este martes 21 se terminó aprobando el proyecto en general pero con diferencias en los puntos específicos. El peronismo criticó el accionar de los senadores radicales y sus legisladores abandonaron el recinto.

Es que el radicalismo, después de la votación en general, pidió modificar un artículo clave: el 26, que da directivas sobre cómo elegir al auditor. Modificado como terminó, le resta poder a la opinión de la oposición en la selección del cargo. 

Montero mostró el embrión de la ley de ética pública

La normativa en general se aprobó por 33 votos a favor y dos en contra (FIT y PO). Los senadores del bloque Cambia Mendoza pidieron un cuarto intermedio para analizar algunos puntos: en concreto, señalaron que el artículo 26 de la ley, que define cómo será la elección del auditor, estaba mal escrito. Según su criterio, el artículo no debía especificar nada sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar la elección del auditor, y decidieron quitar de la redacción original un párrafo: el que pedía la aprobación por las dos terceras partes, tal y como establecía el texto que se acordó en comisiones.  

La presidenta del bloque del PJ, Patricia Fadel, criticó la postura del oficialismo y aseguró que se había violado la buena fe de las negociaciones previas. Señaló que la ley se había debatido mucho para que el proyecto fuera votado por unanimidad y el radicalismo estaba faltando a la verdad. “Pedimos dictamen de comisión y ahora nos encontramos con que ese artículo se va a modificar (...) Es vergonzoso”, recriminó la legisladora.

La presidenta del bloque PJ en el Senado, Patricia Fadel. 

Para entender esta situación, es necesario comprender qué se negocia en cada bloque. El radicalismo tiene mayoría en la Cámara Alta, por lo que lograr este acuerdo puede significar, en palabras del peronismo, que el funcionario que elija el Gobernador pase sin problemas. La oposición, en tanto, se esperanzó con la posibilidad de que el funcionario sea aprobado por los dos tercios del recinto y, de esta manera, aumentar la posibilidad de que el “elegido” por Cornejo sea debatido y luego seleccionado por consenso.

Así las cosas, Daniela García (UCR), una de las discípulas de la vicegobernadora y autora del proyecto de ley, explicó que el artículo no estaba bien redactado. Armando Camerucci se sumó a las declaraciones de su compañera de banca y expresó que el bloque siempre quiso que el acuerdo fuera sólo por el Senado. El funcionario hacía las declaraciones mientras Fadel se movía de un lado al otro del recinto con cara de sorpresa.

En pocos minutos, los legisladores peronistas se levantaron de sus bancas y abandonaron el lugar. El radicalismo votó en soledad. El proyecto, que al comienzo de la sesión sólo cosechó un cruce de halagos, terminó en un escándalo. El próximo capítulo será en Diputados.
 

Las críticas del FIT

El resto de la sesión se desarrolló de manera tranquila. Los funcionarios, tanto peronistas como radicales, no escatimaron en agradecimientos por la buena predisposición para llegar a los acuerdos. Todos señalaron que era necesario que existiera una ley para transparentar los ingresos de los funcionarios y al mismo separar la Oficina de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado.

Sin embargo, la senadora Noelia Barbeito cuestionó que sea el poder político el que se controle a sí mismo y afirmó que el funcionario a cargo debía surgir por medio de la elección directa. Por su parte, Víctor da Vila (PO) se opuso a que deban entregar la declaración jurada los miembros de los sindicatos. En sus argumentos, los dos legisladores sentenciaron que sería una forma "de perseguir a los trabajadores".

Qué dice la ley

El texto que se aprobó en general establece los puntos específicos para la declaración urada de los funcionarios. Incluye al gobernador y vice, miembros de la SCJ y del Poder Judicial, ministros, director general de Escuelas, jefe de Policía y funcionarios policiales y penitenciarios, intendentes y concejales, hasta miembros de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas. En el mismo caso incorpora también a personas a cargo de sindicatos, proveedores y contratistas del Estado.

La ley señala los deberes de los funcionarios públicos y la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a la información. El detalle es que la ley le da autonomía a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), que actualmente depende de la Fiscalía de Estado y que ahora pasará a ser parte de la Legislatura. Se tratará de un espacio que tendrá la misma validez que un órgano extrapoder y estará formado por un secretario, un administrativo y dos asesores.
 

Claves para entender la Ley de Ética Pública