Fuerte llamado al Presidente por una jueza con perspectiva de género en la Corte Suprema

Sociedad

Solicitaron que la pronta publicación del pliego se acompañe con “un proceso participativo que tenga como objetivo asegurar el mayor consenso social en torno a la candidata que será remitida al Senado de la Nación”.

Las organizaciones firmantes de la carta son Abofem Argentina, Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Poder Ciudadano y Gqual. En la carta, destacan la “afectación institucional” de que la Corte no se encuentre completa según la legislación vigente y, además, que entre sus integrantes no haya ninguna mujer. “Esto obstaculiza el correcto desarrollo del proceso de deliberación que rige a todas las decisiones y resoluciones del máximo tribunal, y afecta su legitimidad e impacto”, señalan. 

Los cuatro varones que integran la Corte Suprema son Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Este punto ya había sido señalado en 2021: atenta directamente contra los derechos de las mujeres del país, ya que no existe la representación femenina en el máximo órgano de justicia argentino.

Más allá de la visibilización que se les está dando a los derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+, desde hace décadas el Estado argentino ha asumido compromisos internacionales en materia de igualdad de género y derechos humanos que no está cumpliendo. Como parte de esos compromisos, tiene el deber de promover las medidas necesarias para impulsar la paridad de género en los cargos públicos. La candidata, continúa la carta, “debe reunir, como cualquier integrante de la Corte, requisitos imprescindibles para satisfacer las exigencias del cargo: idoneidad técnico-jurídica –títulos de posgrados, producción científica sobresaliente y experiencia profesional–, independencia de criterio y autonomía respecto de los poderes políticos y otros grupos de interés.

Pero, además, afirma la carta, se debe contar con pruebas de su compromiso “con el Estado de derecho, los valores democráticos, los derechos humanos, el principio de no-discriminación y los derechos de las mujeres y los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad”. 

“En particular, la candidata debe demostrar desempeño profesional y académico con perspectiva de género, es decir, consciente de la influencia que la diferencia en los roles, funciones y atributos asignados en una sociedad determinada a las personas en razón de su género ha tenido y tiene en la desigualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y en el ejercicio de derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+”.