Una propuesta para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus comienza a ser debatida este lunes en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La sanción de esta medida permitiría aumentar la producción de dosis y garantizar una distribución más equitativa en el planeta.

El debate comienza en medio de las fuertes resistencias de la Unión Europea (UE), Suiza y Estados Unidos, sedes de los grandes grupos farmacéuticos y de los reclamos cada más masivos de los países pobres y subdesarrollados.

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El texto propone acordar una derogación temporal a algunas de las obligaciones incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para que cualquier país pueda producir las vacunas sin preocuparse por las patentes.

La derogación también incluiría "los diseños y modelos industriales, los derechos de autor y la protección de las informaciones no divulgadas", y duraría hasta que se llegue a "una vacunación ampliamente extendida a nivel mundial y que la mayoría de la población mundial esté inmunizada", según la agencia de noticias AFP.

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La pandemia refleja las desigualdades

Los países que apoyan la iniciativa, con el respaldo de ONG como Médicos Sin Fronteras (MSF), consideran que facilitaría el acceso a productos médicos en momentos en que los países más ricos del mundo concentran la gran mayoría de las dosis de vacunas contra el coronavirus producidas hasta ahora, mientras que muchas naciones pobres no han recibido ni una.

"Las herramientas y tecnologías médicas contra la COVID-19 deberían ser bienes públicos mundiales, exentos de las barreras impuestas por las patentes", pidió el doctor Sidney Wong, codirector de la campaña de acceso a las medicinas de MSF.

La semana pasada, la Unión Africana, el bloque que reúne a los Estados del continente, notificó oficialmente a la OMC que se sumó como promotora de la propuesta, presentada inicialmente por India y Sudáfrica y apoyada por un centenar de países, incluyendo a la Argentina.

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El "no" de las farmacéuticas

La idea, que recibió el apoyo del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, un gesto altamente simbólico, tiene enormes resistencias en la industria farmacéutica y los países sedes de estas firmas.

Para Thomas Cueni, presidente de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma), "suprimir las patentes o imponer una suspensión no produciría ni una sola dosis (de la vacuna) de más. Se trata, sobre todo, de una cuestión de experiencia".

Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza, donde se encuentran las sedes de varios gigantes farmacéuticos, se oponen a la medida, así como otros países ricos, como Noruega, Japón, Australia y el Reino Unido.

Algunas personas rellenan formularios antes de hacerse una prueba de COVID-19 a principios de enero en Johannesburgo. Foto: Joao Silva / The New York Times

Para ello, destacaron el esfuerzo financiero realizado por los laboratorios en el desarrollo de las vacunas -aunque la mayoría contó con fondos estatales-, y consideraron que son los que mejor pueden fabricar las cantidades necesarias.

Las normas actuales en materia de propiedad intelectual –argumentaron– prevén la posibilidad de acordar "licencias obligatorias", previstas específicamente para las situaciones de emergencia.

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Las burocracias existentes para entregar las licencias

En efecto, las reglas de la OMC incluyen la entrega de una "licencia obligatoria" que permita a las autoridades dar a empresas que no sean las titulares de la patente la autorización para fabricar el producto, siempre y cuando se respeten unos procedimientos y condiciones.

Los países favorables a la iniciativa estimaron que el proceso para obtener una licencia obligatoria es muy complicado y tiene demasiadas condiciones, ya que cada pedido se tiene que tratar caso por caso.