Las cuotas de los jardines maternales privados, que hoy rondan entre los $ 2000 y los $ 7000, podrían alcanzar los $ 10 000, según advirtieron sus propietarias. Aseguran que los requerimientos previstos en la nueva ley que regula a estos establecimientos les generará gastos que, con los valores actuales, no podrán afrontar. Temen que algunos deban cerrar sus puertas. Por ello, este jueves presentaron un amparo en la Justicia.

A fines de 2019 se aprobó y publicó en el Boletín Oficial la Ley 9201 que regula el funcionamiento de instituciones privadas de educación maternal y/o atención temprana de niños y niñas desde los cuarenta y cinco días hasta los tres años a través de la Dirección General de Escuelas (DGE). Los jardines son habilitados como cualquier otro comercio, dependen de los municipios y el personal no está regulado. Esto es lo que la normativa viene a cambiar.

Si bien las directoras de estos establecimientos consideraron que es necesario una regulación, criticaron algunos artículos de la norma por ser “utópicos e inviables” y se reunieron en Tribunales para pedir la inconstitucionalidad de la 9201. Para poder cumplir con esta Ley, aseguran que necesitarán cobrar cuotas con un valor mínimo de $ 10.000, lo que creen que será imposible para las familias. A su vez, afirmaron que la norma fue aprobada sin tener en cuenta su opinión y obviando la realidad actual de cada jardín.

Esto se debe a que la ley indica que solo podrán ser contratadas docentes de nivel inicial para que estén cargo de las salas y ya no estudiantes. Esto implicará que tengan que solventar salarios más altos que, con los valores de las cuotas actuales, no podrán hacer, explicó Evelyn Guallama, directora del jardín Abrakdabra, a Unidiversidad. “Nos están pidiendo cosas que nos generará altos costos económicos. Todo lo que hacemos lo pagamos con el dinero de las cuotas de los padres y madres. Si las aumentamos no las van a poder pagar, en mi jardín cuesta $ 2700 y la pagan en dos o tres veces”, afirmó.

Guallama señaló que a las estudiantes de la carrera de nivel inicial tendrían que despedirlas porque la norma exigen que sean docentes recibidas, y también a las auxiliares, que hacen curso de un año, pero que ahora deberán ser estudiantes. "Habrá que esperan que esas docentes quieran estar en estas salitas porque no van a poder ejercer como en una escuela, ya que los niños tienen entre 45 días y tres años, y no es enseñanza oficial”, advirtió.

Qué dice la autora de la ley

La diputada Tamara Salomón (Cambia Mendoza), en diálogo con Unidiversidad, declaró que para conocer estos detalles habrá que "esperar que la DGE reglamente la ley". "Creo que se están anticipando a alguna respuesta que podrá dar la reglamentación cuando se realice. No sé en qué argumentose basan, que no sea el impacto inflacionario, para afirmar que habrá aumentos en las cuotas. En el proyecto trabajamos ocho meses y conversamos con varias instituciones. Nos parece que deben ser docentes quienes deban cumplir funciones en los jardines porque están a cargo de niños", afirmó.

Otras exigencias de la ley

La norma, en su artículo 12, establece la obligación de todas y cada una de las personas que integran la institución, de realizar la denuncia correspondiente en caso de detectar o sospechar casos de vulneración de derechos de las niñas o niños a su cargo. 

En el artículo 14, la 9201 dice que los jardines deberán presentar ante la DGE, hasta el 30 de junio de cada año, el Proyecto Educativo Institucional, suscripto por el responsable pedagógico con excepción de aquellas que realicen únicamente actividades deportivas, lúdicas, recreativas o culturales.

Además de la la habilitación municipal que hoy en día deben tener para funcionar, la ley les exige a los jardines elementos de primeros auxilios, cobertura de emergencias médicas, matafuegos, seguros de vida, salidas de emergencias, curriculums de las trabajadoras, entre otras cosas que, tanto las directoras como la legisladora aseguraron que las viene solicitando cada municipio.