El presidente de la Comisión de Justicia, el entrerriano Pedro Guastavino, defendió las iniciativas dirigidas a penar los delitos bursátiles y las maniobras de financiación del terrorismo. Guastavino indicó que la primera de las normas –aprobada por 47 votos a favor contra 15 negativos–, busca “dar mayor transparencia a la actividad de los mercados”, y punir “el manejo de información privilegiada que no era pública” para realizar maniobras que desestabilicen la economía. Reseñó que entre los delitos que se castigarán está “alterar las cotizaciones de los mercados con la intención de desestabilizar la economía”, así como “la intermediación irregular, sin autorización del Estado, es decir las mesas de dinero o cuevas que operan” al margen de la ley.

El texto referido a la temática bursátil crea cinco nuevos delitos: el uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en Bolsa, la captación fraudulenta de ahorros públicos; el cohecho financiero, la manipulación de valores negociables y la captación de ahorros.

En tanto, la ley sobre antiterrorismo –sancionada por 39 votos favorables y 22 negativos– duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal y para quienes “directa o indirectamente” financien el terrorismo y actividades afines.

Pero además sostiene que serán considerados como delitos de terrorismo los actos que sean “cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” u obliguen al gobierno nacional o extranjeros “a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Ese es el punto que cosechó los mayores cuestionamientos de la oposición al proyecto, aunque en el párrafo siguiente señala: “Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derechos constitucional.”

El radical Ernesto Sanz indicó que las reformas “no van a resolver las desviaciones del sistema financiero” y afirmó que el proyecto de antiterrorismo “abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la justicia”.

En línea similar se pronunció por el Frente Amplio Progresista Rubén Giustiniani, quien apuntó que es “paradójico que en la Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia”.

Por su parte, Zaffaroni  definió como un “disparate” a la medida y consideró es “una extorsión” por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría, que se atribuye más derechos que las Naciones Unidas”, enfatizó Zaffaroni, quien consideró que “para nada” la Argentina necesita una norma como la que aprobó el Senado.

En declaraciones a una radio cordobesa, el magistrado agregó: “el GAFI recomendó que esta ley se transforme en obligatoria, pero en algún momento puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos”.

“En el país no necesitamos esta ley antiterrorismo“, remarcó el juez de la Corte, luego de que la norma fuera aprobada en el Senado por 39 votos a 22.

Para Zaffaroni, el GAFI “nos extorsiona de modo que si no sacamos esas leyes (las declaraciones del ministro de la corte fueron realizadas antes de sus aprobación), nos va a sancionar económicamente”.

“Este organismo se ocupa solamente de garantizar que el lavado de dinero se haga en el hemisferio norte”, se quejó.