En 2021 se concretaron casi sesenta mil abortos en el sistema público de todo el país

Sociedad

Se trata de un paso clave para poder incluir este derecho en el país, donde el aborto está solo autorizado por tres causales –riesgo de la vida materna, inviabilidad del feto o violación– y en el que la actual Constitución pinochetista es el principal obstáculo por proteger el derecho a decidir.

Ese mismo martes, en Guatemala, en medio de reclamos de organismos humanitarios y a pedido del presidente, Alejandro Giammattei, el Congreso decidió archivar una ley recién sancionada que endurecía las penas por abortar y prohibía el matrimonio igualitario. Si bien la IVE –permitida únicamente cuando peligra la vida materna– está penada en el país con tres años de cárcel, la normativa archivada pretendía extender las condenas hasta 10 años y restringía la enseñanza escolar sobre diversidad sexual.

Otro avance importante de la marea verde tuvo lugar en Colombia, donde la Corte Constitucional despenalizó el pasado 21 de febrero el aborto hasta la semana 24 de gestación, luego de más de 500 días de controversias y discusiones. La decisión derivó en la aplicación de un modelo mixto para efectuar la IVE, que será libre y legal hasta los seis meses de gestación –un plazo equivalente solo en Estados Unidos a nivel regional– y, tras ese período, regirán las tres causales, vigentes en el país desde 2006.

Además, el fallo implica que tres de los cuatro países latinoamericanos más poblados (México –donde la Corte Suprema despenalizó la IVE en septiembre pasado–, Colombia y Argentina) pasarán a tener un acceso más generalizado al aborto, algo impensable hasta hace unos años.

También Ecuador dio pasos al respecto, luego de que, a mediados de febrero, el Parlamento tomara la posta encomendada por un fallo de la Corte Constitucional y sancionara una ley para habilitar el aborto en caso de violación, siendo que, hasta entonces, solo estaba autorizado para las mujeres con discapacidad mental. La normativa habilitó hacerlo en un plazo de 12 semanas, que fue ampliado excepcionalmente a 18 para las menores y mujeres de zonas rurales.

Sin embargo, el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, vetó esta semana parcialmente la normativa y determinó que deben ser 12 semanas para todas las mujeres, al argumentar: "Todos somos iguales ante nuestra Constitución", pese a que, en el país, siete menores de 14 años dan a luz a diario, según datos oficiales. Además, presentó otras 60 observaciones, entre las que destaca la inclusión de la objeción de conciencia del personal de salud. El Legislativo, de mayoría opositora, tiene 30 días para decidir si acepta estas modificaciones o si mantiene el documento original aprobado el 18 de febrero pasado.

 

 

 

 

 

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Un traspié que no sorprendió a Carino: "Las conquistas siempre son frágiles, nunca se tiene la última palabra. No importa únicamente que cambie la ley, hay que sostener el acceso real y oportuno en la práctica. Ese el verdadero desafío", expresó.

En ese sentido, la activista se refirió al caso de Estados Unidos, donde el aborto fue legalizado por un fallo de la Corte Suprema en 1973, pero en los "últimos 40 años, se produjo un socavamiento del acceso real de las mujeres a la IVE" que, a su juicio, se encuentra en su "punto máximo". El máximo tribunal, que hasta ahora había sido su mayor garante, podría pasar a ser su verdugo en el verano boreal, cuando se pronuncie sobre la demanda presentada por el sureño estado de Misisipi, que pidió abolir la sentencia de los años 70 para poder aplicar una prohibición al aborto después de las 15 semanas de embarazo.

Envalentonados con esta posibilidad, los legisladores conservadores presentaron más de 315 proyectos de ley en contra de la IVE en 41 estados en los dos primeros meses de 2022, según reportó Planned Parenthood, el mayor prestador estadounidense de servicios de salud reproductiva. Pese a esta embestida, la responsable de Fos Feminista manifestó su fe en el "poder transformador de los movimientos feministas" que catalizan estos cambios.

"Tengo mucha confianza en las nuevas generaciones y, por eso, creo que la marea verde es simplemente imparable", sentenció.

A contramano de Estados Unidos, los derechos reproductivos se han instalado en la agenda de los países latinoamericanos, incluso en los más restrictivos, como en República Dominicana, donde el movimiento a favor de las tres causales ha sacudido la opinión pública. También en Honduras, el reciente triunfo electoral de Xiomara Castro, que se autodefine como "feminista, antipatriarcal, revolucionaria e incluyente", podría traer cambios en un país donde la prohibición a la IVE está blindada por la Constitución.

En tanto, en Brasil, donde la movilización feminista fue una de las más importantes contra el Gobierno conservador de Jair Bolsonaro, la realidad podría cambiar a finales de año, tras las elecciones presidenciales de octubre, en las que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se perfila como el gran favorito. Si bien Lula se declaró como un opositor al aborto, en una entrevista reciente manifestó que es "un derecho de la mujer" y debe ser tratado como una cuestión de "salud pública".

"En todos los países, hay distintas expresiones del pañuelo verde como símbolo unificador de la lucha. Tenemos entonces muchas expectativas de nuevos avances, ya sean irregulares o no lineales", concluyó Carino, y destacó "la solidaridad feminista" existente en la región.