A pedido de informáticos mendocinos, empresarios y académicos, el gobernador Alfredo Cornejo decidió vetar la Ley N.º 9082, que estipulaba la creación de un Consejo de Profesionales de Ciencias Informáticas. El polémico proyecto pretendía que solamente aquellas personas que hubieran obtenido un título aprobado en el Ministerio de Educación tuvieran el derecho a ejercer profesiones informáticas. Esta decisión generó un fuerte rechazo entre las cámaras del sector, que expusieron sus argumentos en una reunión mantenida con el mandatario luego de la sanción de la norma en la Legislatura.

Desde el Gobierno provincial, aseguraron que la colegiación puede resultar útil en aspectos de capacitación e incentivos para el crecimiento profesional; sin embargo, la norma legal provincial no es el instrumento adecuado para ello. El veto a la iniciativa se desdobla así en varios aspectos, tales como la indefinición de la profesión de Ciencias Informáticas; la transversalidad de la actividad, la obligatoriedad de matriculación y la imposibilidad de identificar incumbencias.

Con respecto a la indefinición de las profesiones de Ciencias Informáticas, el artículo primero del proyecto de ley no identifica qué se entiende por estas, de ello se deduce que no es posible regular algo que no está previamente definido. En cuanto a la transversalidad, hay ocupaciones muy diversas ligadas a la informática: desde finanzas, medicina, justicia, relaciones laborales, física, química, políticas, entre otras. Esto significa que es una ocupación que atraviesa varios campos de acción y sería muy complejo establecer un criterio único de reglamentación. Por otro lado, en lo que se refiere a la obligatoriedad de la matriculación, en la iniciativa se establecen cinco categorías contradictorias, ya que no se especifica a qué clase de matrícula corresponde cada tipo de regulación.

Durante la semana pasada, el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, junto con el subsecretario de Comercio e Industria, Guillermo Cruz, recibió a representantes de la Cámara de Informáticos Unidos de Mendoza, del Polo TIC de Mendoza, a referentes del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Cámara de la Industria Argentina del Software y Servicios Informáticos. De esta reunión se desprendieron las declaraciones de los diferentes sectores que se verían afectados una vez que rigiera la normativa. A partir de la enérgica oposición de los participantes, el Ejecutivo provincial decidió vetar la ley.

Cruz resaltó que este sector recibe fuertes inversiones nacionales y extranjeras, y destacó que Mendoza se posiciona como un polo de desarrollo muy importante, ya que en los próximos años se podrán generar entre 10 mil y 20 mil puestos nuevos de trabajo en la provincia. El intento de regulación, según expresó, dificultaba las actividades del sector, ya que estas se desarrollan a través de idóneos y no siempre de profesionales.

En este sentido, la Cámara de la Industria Argentina del Software y Servicios Informáticos tomó un informe de larga data de la Sociedad Argentina de Informática (Sadio) que rechaza la matriculación obligatoria para el ejercicio de la actividad informática por considerar que resulta limitativa de la actividad. Es que de los datos se desprende que se crearían 400 mil puestos de trabajo para 2030 en todo el país, 20 mil más de los 110 mil que existen actualmente en Mendoza.

La Cámara de Informáticos Unidos de Mendoza, por su parte, indicó que los dos únicos órganos colegiados similares a cuya creación propende la ley en análisis (Córdoba y Buenos Aires) se encuentran transitando hacia su desaparición institucional por distintas razones, tales como la baja matriculación de potenciales socios y, por consiguiente, la imposibilidad económica de generar acciones beneficiosas. De ahí que la colegiación no resulta compatible con la dinámica y realidad del sector.

También se refirió a los impulsores del proyecto al decir: “Si pretenden regular las actividades, deberían optar por la matriculación para actuar en casos determinados, pero no como un requisito restrictivo. Prácticamente no existen las regulaciones planteadas en este proyecto en otras jurisdicciones nacionales e internacionales”.