Las comunidades indígenas de Mendoza se reunieron con la vicegobernadora Laura Montero y reafirmaron el pedido por 780 mil hectáreas que fueron expropiadas en 2001. Luego de 15 años siguen peregrinando para que se las entreguen. En el conflicto repitieron la denuncia al fiscal de Estado, Fernando Simón, por incumplimiento de sus funciones.

Los miembros de la comunidad huarpe Milcayac reclaman que se implemente la Ley 6920. Se trata de una normativa que fue sancionada en 2001 y que establecía la expropiación de terrenos que se encuentran en Lavalle. El texto encomendó al Ejecutivo provincial la inscripción de las tierras individualizadas con anterioridad a la provincia de Mendoza y pidió que el registro público y archivo judicial de Mendoza identificara cada una de las inscripciones de dominio afectadas, y expresara la inscripción a  favor de la provincia.

“Estamos hablando de unas 780 mil hectáreas aproximadamente y la ley no se hace efectiva desde hace 15 años”, recriminó Ramón Tello, representante de los pueblos originarios, luego de la reunión con Montero. Al mismo tiempo, el referente aclaró que en el lugar hay 700 familias que suman cerca de 4000 personas. El representante explicó que los miembros de los pueblos originarios viven los atropellos de los terratenientes que accionan en su contra: les quitan el agua y no tienen derechos sobre la tierra.

En la reunión, Tello reafirmó la denuncia al fiscal de Estado. Aseguró que el funcionario en todo este tiempo no se expresó sobre la situación de los indígenas y tampoco notificó a los titulares registrales de la demanda, por lo que las comunidades tomaron la decisión de llevar el pedido a la Legislatura para ver qué acciones se pueden realizar. “Desde la Justicia vamos a llevar adelante esta demanda, ya que durante estos 15 años fue la misma Fiscalía la que se opuso a la medida”, recriminó.

En concreto, el representante de la comunidad acusó al actual Fiscal de la provincia por violación de los deberes de funcionario público. Según explicó Tello, cuando Simón fue Secretario Legal y Técnico de la Gobernación habría incurrido en acciones u omisiones contra el pueblo huarpe. La denuncia se conoció el martes 22 a través del diario Los Andes. 

“Ni Simón ni los anteriores fiscales de Estado cumplieron con los deberes de funcionario público y sus omisiones tienden a proteger los intereses económicos de conocidos empresarios, políticos y sus familiares”, afirmó el líder de la comunidad originaria del secano mendocino al matutino.
 

El conflicto

En el año 2001, el Ejecutivo sancionó la Ley 6920 que expropió 780 mil hectáreas, es decir 7800 kilómetros cuadrados, a las comunidades huarpes de Lavalle. Un tiempo después, el fiscal de Estado de ese momento, Pedro Sin, lo declaró insconstitucional porque violaba el derecho a la propiedad. Desde entonces, las comunidades sostuvieron que el fiscal respondía a los intereses de los empresarios, por lo que la situación llegó a la Justicia. 

En 2008 la Suprema Corte falló a favor de las comunidades y rechazó el pedido de inconstitucionalidad que había formulado Sin. El fallo sentenció que no correspondía al Poder Judicial, en principio, interferir en el ejercicio de las facultades discrecionales que la Constitución y la ley habían atribuido a los otros poderes del Estado”.