Del basural El Pozo al reciclaje cooperativo: las triunfadoras de Coloba

Sociedad

Mario Figueroa es uno de ellos. En 2001, producto de la  crisis que afrontó el país, se quedó sin trabajo. Junto con otros desocupados, decidió recuperar y poner a andar un camión viejo con el que salieron a la calle a juntar y comprar chatarra. Al tiempo, entre todos, pusieron el depósito de chatarra autorizado en San José, Guaymallén, que ahora es de su propiedad y explota junto a su familia.

“La crisis económica que vivimos hoy, junto a la pandemia, hizo que cada vez más personas se acerquen a las chatarrerías a vender las cosas que les sobran”, expresó Figueroa a Unidiversidad.

Según sostuvo, el aumento de oferentes en este rubro ronda el 40 % desde el 2020. “El aumento es considerable. Los carros que salen a comprar a la calle, pero también las personas particulares o los talleres, se acercan directamente a vender lo que sobra. Tanto la gente que vende como la que compra se hace unos pesos”, dijo.

Foto: Mario Figueroa y su socio

Circuito y venta legal e ilegal

Para David Crespo, de Favorable S.A., una planta de reciclaje con más de 28 años en el rubro, el circuito legal de la chatarra ferrosa tiene su origen en los recolectores urbanos. En promedio, la planta recibe entre 300 y 400 kilos diarios.

“Por lo general, este material proviene de pequeños talleres mecánicos, bicicleterías o desguaces de maquinaria de empresas, pero, principalmente, de materiales que el recolector encuentra en el cordón de la calle o algún contáiner de obra”. 

Sobre el destino de esta recolección, Crespo indicó que el material termina en las grandes acerías de Buenos Aires.

“Una vez que el material ferroso llega a nuestra planta, es separado y clasificado en chatarra liviana o pesada, según su espesor. En nuestro caso, al ser proveedores exclusivos del Grupo Techint en Mendoza, la chatarra pesada se divide en dos: la chatarra de hasta un metro de largo se fracciona a granel, y la chatarra liviana, esto es, todo lo que es de 6 milímetros hacia abajo, se prensa en fardos de 400 a 500 kilos con dirección a Buenos Aires. ¿Cuál es el destino? Ser tubos de acero sin costura para el traslado de gas natural y demás. Básicamente, así se cortaría el circuito de los metales ferrosos provenientes de la chatarra. Esto es un claro ejemplo de la economía circular”, explicó.

Foto: compactadora, Favorable S.A.

Por otra parte, la venta ilegal de materiales es una constante que, en los últimos tiempos, producto de la dura situación económica que se vive no solo en la provincia, sino en todo el país, se acrecentó. Crespo afirmó que la única forma de cortar este circuito es no recibir este tipo de material sin procedencia.

“Es lo que hacemos nosotros. Todo lo que pertenezca a tapas de cloacas, rejillas de acequias, cestos de basura y demás no es recibido, ni mucho menos comprado. Lo mismo pasa con el cobre y bronce. La única forma de acabar con esto es cortar con la recepción, y así, con el demandante. El que sale a robar este tipo de material se encuentra con que no puede colocar lo robado en el circuito del acero, por eso es mucha la responsabilidad de nosotros como recicladores”, continuó el hombre de Favorable S.A.

“En nuestro caso, cada persona que ingresa con cualquier material se va con un comprobante fiscal de compra de rezagos usados realizado por la AFIP. Además, se le pide su DNI, que es escaneado e incorporado al comprobante, al igual que la cantidad de kilos vendidos. Todo tiene que ser legal, ya que nuestros clientes, una acería como Techint, una cristalería como Cartolini  o una plastiquera y papelera como Cartocorp, son empresas muy grandes que necesitan tener todo en regla y como la ley manda”, dijo Crespo. En concordancia, Figueroa  explicó que, entre los materiales más vendidos ilegalmente, se encuentran el cobre, el bronce y, en última lugar, el acero. “Pese a que en los últimos meses se registraron varios robos de cables de alumbrado público o placas de bronce de cementerios o plazas públicas del Gran Mendoza, la chatarrería no es el destino. Los carreteleros o 'cirujas', como ellos mismos los llaman en la jerga, llevan esos minerales a otras cadenas”, manifestó.

Valores del mercado negro de la chatarra

“Unos 500 pesos, posiblemente un poco más, puede ser la ganancia por la venta de una rejilla de acequia, boca de tormenta o alcantarilla de hierro colado, dependiendo de su peso, pero la reposición de cada una llega a costarle al municipio varios miles de pesos –continuó Figueroa–. Las chacaritas legales no se arriesgan a comprar los accesorios robados. Quienes sí lo hacen, evidentemente, pagan un valor menor, pero, en realidad, a nadie le interesa comprar robado. Es un gran dolor de cabeza para el propietario”, sostuvo. No obstante, el hierro colado no es la única opción ilegal en el mercado negro; las chatarreras no registradas también compran aluminio, cobre, bronce, níquel, acero y hasta antimonio, entre otros, cuyos precios fluctúan de semana en semana.

“El aluminio del alumbrado público también sale mucho en estos lugares. Tengo entendido que se  paga unos 50 pesos por kilo. El cobre es uno de los materiales más socorridos y se paga de 400 a 500 pesos por kilo, hay chacaritas que lo llegan a comprar hasta a 700 pesos o más, dependiendo de su calidad. Es que hay cobre de primera y cobre de segunda; a principio del año, los precios se cayeron, pero se sigue pagando bien”, dijo.

El aluminio, no en lata, se paga a 200 pesos el kilo; el bronce, hasta los 800 pesos; el níquel (generalmente en moneda antigua), se paga ahora a 100 pesos por kilogramo.

“En las pequeñas chacharitas te van a negar la compra, pero se hace esto. No hay autoridad que acuda a verificar si se compra o no material robado. A veces viene la policía de investigación y hacen preguntas; les dejamos entrar para que revisen, pero luego se van y no vuelven”, aseguró Mario.

Robo de rejillas: un dolor de cabeza para los municipios

Desde hace meses, Guaymallén batalla con la problemática. Su intendente, Marcelino Iglesias, habló con Unidiversidad y dijo que es una situación cada vez más frecuente.

“Tenemos mucho vandalismo, fundamentalmente el robo de rejillas, que las hemos tenido que soldar a su marco para evitar así su extracción. También el robo y rotura de luminarias por su aluminio, pero lo que más aumentó es el robo del acero inoxidable de los bebederos y de cestos de basura en espacios públicos y plazas”, detalló el intendente.

Según Iglesias, Guaymallén repone la cantidad de 40 rejillas al mes por robos. “Junto con la rejilla, aplicamos una inversión no solo monetaria, sino también de tiempo, porque lo que se tiene en cuenta no es solo el insumo metálico, sino también el trabajo que involucra hacerlas, a la hora de medir la gravedad de estos hechos”, señaló.

“Generalmente, cuando se roban las rejillas, el marco no hay que reponerlo –continuó el intendente–, pero si hay que hacerlo, el costo es bastante más alto. Eso ocurre cuando decidimos aprovechar el robo para cambiar el diseño de la rejilla o tener un mejor drenaje”, completó.

Capital y Godoy Cruz no son ajenas a esta modalidad. Según informaron desde las comunas, además de las rejillas de cruce de cunetas, “los vándalos se roban las alcantarillas y los carteles indicadores”.

Según señalaron, se cree que, en estos casos, no es simple vandalismo: Los ladrones venden estas rejillas en lugares donde las funden para hacer otros objetos, y ahorran así material.

En Maipú, la situación es similar. “Con el tema de robo, comenzamos a transformar las rejillas y tapas de boca en tapas de cemento por una cuestión de que no cumplen con su función. Es decir, se tapan las alcantarillas y se filtra la basura en los conductos. Por eso, ya no trabajamos con las metálicas y las estamos reemplazando por tapas de hormigón. En los lugares donde tienen que permanecer, las soldamos para que no las roben y no generen peligro a los transeúntes, pero, en lo posible, tratamos de reemplazarlas”, expresaron desde el equipo de comunicación de la Municipalidad.

En Las Heras, por su parte, hay alrededor de 500 intervenciones al año por robo y vandalismo en lo que se conoce como bocas de tormenta. Por otro lado, la comuna lleva adelante una tarea de regularizar las chacaritas y sus labores a través de Inspección Ambiental.

Este flagelo no es barato para los municipios del Gran Mendoza, que, entre rejillas, pintadas y otros daños a la infraestructura pública, destinan más de 50 millones de pesos en reparaciones del mobiliario urbano, alumbrado y cartelería.