Luego de 13 años de que el Ministerio de Justicia y Seguridad firmara un acuerdo con la UNCUYO por el cual se le entregaba esta documentación del ex-D2, el centro clandestino de detención y exterminación más importante de la provincia, la casa de estudios hizo el traspaso de estos legajos a organismos de derechos humanos. El destino de estos registros será el mismo ex-D2, que hoy es el Espacio Para la Memoria (EPM).

“Los archivos salieron de ahí y vuelven ahí, pero los llevamos nosotros y vuelven en otra calidad”, destacó Susana Muñoz, militante por los derechos humanos y jefa del área de archivos del EPM.

Fue este mediodía del 4 de octubre cuando el rector y vicerrector de la UNCUYO, Daniel Pizzi y Jorge Barón respectivamente, firmaron la entrega de la documentación del ex-D2 que se albergaba en la casa de estudios a los organismos de derechos humanos. Estos 2354 legajos, 168 biblioratos de casos y 24 cajas de documentos habían llegado a la Universidad a través del por el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad, en el año 2003. La Universidad los había conservado porque las asociaciones no tenían un espacio propio para guardar tal cantidad de registros.

Asistieron al evento, entre otros, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la agrupación Ex Presos Políticos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Durante el acto, tomó la palabra Muñoz, quien agradeció la conservación y el cuidado de la documentación por parte de la UNCUYO y finalizó su discurso con la frase: “Compañeros, lo logramos”, mientras paseaba su mirada entre sus compañeros de militancia. El rector Daniel Pizzi se emocionó hasta tal punto que Jorge Barón habló en su lugar.

El vicerrector remarcó que cuando esos papeles llegaron a la Universidad, habían sido tratados como basura. Estaban desorganizados y sin ningún orden. Es por eso que Susana Muñoz se encargó, durante muchas jornadas, de organizarlos, ordenarlos y guardarlos como correspondía, como documentación histórica, como prueba de que el terrorismo de Estado y los 30 mil desaparecidos sucedieron y deben quedar en nuestra memoria.

Susana Muñoz. Foto: Axel Lloret.

Muñoz explicó que antes de la dictadura cívico-militar de 1976, los habitantes debían tramitar sus documentos en la calle Belgrano y Peltier, que era el Palacio policial. Allí quedaba una ficha de cada persona con su foto y así se armaban los expedientes de cada uno de los que fueron detenidos, torturados y desaparecidos. Los espías, el personal de Inteligencia, cuando detectaban una persona que era “inquieta” a nivel gremial, estudiantil o político, le empezaba a hacer un seguimiento.

“Estaba toda la sociedad bajo sospecha, toda la sociedad estaba siendo vigilada”, reafirmó la militante.

Tanto Muñoz como Barón y Ramón Ábalo (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) coincidieron en la importancia de estos documentos para el futuro. Son importantes para estudiantes que preparan sus tesinas, para ciudadanos que deseen saber si en la época de la dictadura fueron vigilados, pero por sobre todo, para la construcción de la memoria colectiva de la provincia y del país.
 

“La ruta de los legajos”

El canal de la UNCUYO, Señal U, realizó hace un año un especial sobre el camino que recorrieron estos documentos que hoy entregaron a los organismos de derechos humanos. A continuación, el video de este corto pero importante documental:

Leé cómo fue la ruta de los legajos del D2.