La apertura de un juicio político con el fin de destituir a la jefa de Estado brasileña, Dilma Rousseff, fue aprobada el domingo por 367 votos a favor y 137 en contra en la Cámara de Diputados. Para que prosiga, sólo necesita del respaldo de la mayoría simple en la Cámara Alta, es decir, de 41 de los 81 senadores.

Ahora, el Senado debe crear una comisión especial que tendrá diez días para emitir dictamen acerca de la recomendación de la Cámara de Diputados. Ese dictamen debe ser sometido a votación por el plenario del Senado, donde se necesita mayoría simple (al menos 41 votos sobre 81 legisladores totales) para que se abra el juicio.

Si en esa votación –para la cual no hay plazo establecido– el Senado ratificara el juicio político, Rousseff debería dejar el cargo inmediatamente y por un término máximo de 180 días, durante los cuales será juzgada. En ese ínterin, el Poder Ejecutivo debe quedar a cargo del vicepresidente Michel Temer.

En la votación final, en la que se decidiría si Rousseff es condenada o absuelta, el Senado estará presidido por el titular del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), Ricardo Lewandowski. En esa votación, para que la mandataria sea condenada –y, por lo tanto, destituida– serán necesarios los votos de al menos dos tercios (54) de los senadores.

Si Rousseff fuera condenada, la destitución sería inmediata y ella no podría aspirar a un cargo electivo durante ocho años. En tanto, Temer completará el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018. En cambio, si Rousseff fuera absuelta, reasumirá el cargo sin demora y será ella quien complete el mandato.