Enrique Guerrero Aviña, activista social y estudiante de Filosofía y Letras de la UNAM, conducía su automóvil por Ciudad de México el 17 de mayo de 2013 cuando, de repente, una camioneta le cerró el paso y un hombre comenzó a dispararle. Guerrero esquivó la emboscada pero se desencadenó una persecución y los disparos siguieron hasta que fue capturado por hombres vestidos de civil que dijeron ser policías pero no se identificaron.

Según consta en un documento de 2015 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el activista fue trasladado a un sitio desconocido en el que fue torturado con golpes, asfixia y amenazas contra su familia durante 30 horas antes de ser presentado a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), que terminarían acusándolo por delincuencia organizada y secuestro junto con otras doce personas que también denuncian haber sido torturadas.

“Fue un intento de ejecución extrajudicial. Además fui sometido a una desaparición forzada y torturas. También me fabricaron delitos y enfrento la sinrazón de los tribunales que no quieren estudiar a fondo el caso. Ni siquiera quieren aplicar sus propios criterios y razones”, explicó Guerrero, de 32 años, durante una conversación telefónica con The New York Times en Español desde el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde lleva cuatro años encarcelado sin haber sido llevado a juicio.

La historia de Guerrero es uno de los casos analizados en Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México, el informe más reciente de Amnistía Internacional. Este documento es otra señal de la grave crisis institucional que azota al gobierno mexicano, que se encuentra sumido en escándalos de corrupción, conflicto de intereses, la desaparición de estudiantes y, más recientemente, las acusaciones de espionaje contra periodistas, activistas, políticos y defensores de derechos humanos.

En el informe de Amnistía resaltan historias como la de Verónica Razo Casales, quien en junio de 2011 caminaba por una calle cerca de su casa en Ciudad de México, cuando fue interceptada por un grupo de hombres armados vestidos de civil que la trasladaron a unas instalaciones de la Policía Federal. Allí permaneció incomunicada durante 24 horas y fue sometida a abusos sexuales y otras formas de tortura hasta que la obligaron a firmar una declaración en la que afirmaba haber participado en un secuestro. A pesar de que su familia denunció ante la PGR los abusos que sufrió, sigue encarcelada y sin sentencia.

“Hay un hilo conductor en todos los casos y es que la detención arbitraria es una puerta para ingresar a otras violaciones de derechos humanos”, explica Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. “La detención produce un efecto dominó sobre otros derechos humanos como la integridad, el debido proceso judicial y luego puede originar violaciones mucho más graves como la tortura o la desaparición forzada”.

Fuente New York Times en Español