El Gobierno nacional dio a conocer finalmente en la noche de este martes la nueva versión, más acotada, del proyecto de ley "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, conocida como ley ómnibus. La propuesta, que incluye desregulaciones económicas, facultades delegadas y privatizaciones, fue acompañada por el paquete de medidas fiscales, que vuelve a bajar el piso a partir del cual trabajadores y trabajadoras pagan el impuesto a las ganancias.

En los textos presentados, no se contempla la reforma laboral –sí la moratoria y el blanqueo para empleadores y empleadoras–, pero esta será incorporada de manera indirecta con un proyecto que presentará la UCR. Según indicaron, contiene un resumen del capítulo laboral del DNU 70/23, frenado por la Justicia.

El Gobierno se comprometió a mandar a los gobernadores y a los presidentes de bloque el borrador de los proyectos. La idea es que ambos ingresen de manera oficial al Congreso a mediados de abril para poder ser trabajados en comisión y que lleguen al recinto en la última semana del mes.

Qué dice la nueva ley ómnibus

A diferencia de su versión inicial de más de 600 artículos, la nueva versión de la ley ómnibus tiene 279. El original no pasó el filtro de la Cámara de Diputados y, desde entonces, el Poder Ejecutivo se puso en marcha para armar nuevas iniciativas y arduas negociaciones que durante dos meses encabezaron el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con los gobernadores, los diputados y las diputadas que les responden y los jefes parlamentarios que forman parte de la oposición dialoguista. 

Principales puntos:

• Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año;

• El Gobierno podrá intervenir, también por un año, los siguientes organismos descentralizados, empresas y sociedades: Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini SA y Yacimiento Carbonifero Río Turbio (YCRT). Quedan exceptuados de estas posibles intervenciones las universidades nacionales, el Conicet, el INTA y las instituciones de la seguridad social;

• Se declaran “sujetas a privatización” a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentia SA, Radio y Televisión Argentina SE (Televisión Pública y Radio Nacional) e Intercargo SAU. Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución, dice el proyecto;

• A su vez, se declaran sujetas a privatización/concesión las siguientes: AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales. Igual que con la tanda anterior, para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución;

• El Gobierno podrá renegociar o rescindir contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados;

• Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas, dice el proyecto;

• Se faculta al Poder Ejecutivo nacional, durante un año, a disponer la derogación o modificación de las normas de rango legal que: a) generen, de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente; b) impliquen la constitución de monopolios artificiales en actividades en las que sea posible la competencia, o c) se vinculen con la negociación de instrumentos de oferta pública a los fines de fomentar el uso de los mismos;

• Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI);

• Derogación de la Ley 27705, que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objeto es el ingreso de aportes previsionales para el acceso a las prestaciones previsionales.

Qué dice el paquete de medidas fiscales

• La creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social;

• El Régimen de Regularización de Activos;

• La modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos;

• La eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas;

• La modificación del Impuesto a las Ganancias;

• La modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes;

• Y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Respecto del impuesto a las ganancias, se establece que se empezará a pagar una vez que se excedan los $1,8 millones de mínimo no imponible.

Reforma laboral

El nuevo proyecto de ley ómnibus incluirá el capítulo de la reforma laboral, pero por vía indirecta. La Casa Rosada hizo un acuerdo particular con la UCR, ante la insistencia de los radicales para incluir en esta iniciativa la reforma laboral que estaba en el DNU 70/2023 y que fue frenada por la Justicia. En principio, según indicaron en el diario La Nación, no tocará aspectos más ásperos en la relación con los gremios, como los aportes sindicales y los fondos de las obras sociales, además de la prohibición de protestas y asambleas.

Indicaron que probablemente se incorpore la parte laboral referida a las relaciones del empleo. Fundamentalmente, "se añadiría la ampliación del período de prueba, la libre elección de la indemnización, especialmente para el área de servicios, y la eliminación de multas", aunque aclararon que el proyecto no será enviado por el Gobierno, sino que la idea es que esa parte sea incorporada en el dictamen durante el tratamiento en la Cámara. 

La reforma se basaría en aspectos que, según los diputados amigables, "mejorarían mucho el ingreso al mundo del trabajo formal". Sobre indemnizaciones, dijeron que será "una opción" para los sindicatos "incorporar el mecanismo que tiene hoy la construcción". 

El regreso de Ganancias

Desde el Gobierno explicaron que en el paquete fiscal estará el regreso del impuesto a las ganancias, que dejará de llamarse así para denominarse "ingresos personales". Lo empezarían a pagar solteros y solteras que cobren 1,8 millones de pesos y los casados que cobren 2,2 millones de pesos.

La idea, dicen en Casa Rosada, es que sea más la gente que lo pague, pero menor el monto. Además, aclararon que "no va a arrancar del 35, sino del 5, y va a ir subiendo". Otro dato que adelantaron es que el monto se actualizaría por IPC. Es decir, no serán aumentos discrecionales, sino que estarán atados a la inflación. "El piso, la progresividad y la actualización se están terminando de pulir en el Ministerio de Economía", indicaron a Página/12.