El 31 de mayo, alrededor de 200 familias que habitaban en el barrio Néstor Kirchner de la localidad de Palmira, al este de la provincia de Mendoza, fueron desalojadas  del modo más violento.

El lugar estaba abandonado hacía más de 50 años y los vecinos se instalaron para tratar de construir sus viviendas. Sin embargo, fueron desalojados con balas de goma y topadora en un operativo que contó con más de 500 policías, incluida la intervención de un helicóptero de Seguridad.

En el procedimiento participaron  policías de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (Umar), Infantería, Cuerpos Especiales, personal de canes y hasta un helicóptero. También topadoras de Vialidad Provincial que arrasaron con las precarias viviendas.

Fueron afectadas 222 familias, entre las que se contaban 20 discapacitados, 18 embarazadas y tres ancianos. Muchos de los habitantes fueron reprimidos por intentar resistir a las topadoras.

Edición Cuyo habló con Marcela López, una mujer de 34 años, que fue quien habló con el mediador que rodeaba la policía minutos antes de ser  forzosamente desalojada. Ella es militante social y era la presidenta de la Unión Vecinal del asentamiento Néstor Kirchner en Palmira al momento de la expulsión. Hacía 6 meses que estaba viviendo allí.

Aunque las versiones periodísticas indican que a principios de abril de este año las familias comenzaron a radicarse en el terreno de San Martín, López sostiene que las familias hicieron su aterrizaje en el lugar hace un año.

“No me lo esperé nunca, no me lo imaginé, fue tristísimo lo que pasó”, aseguró la mujer.

El impulsivo desalojo terminó con detenidos, golpes, casas destruidas, un lugar arrasado. La orden la dio el magistrado Mariano Carabajal, yerno del ex juez acusado por delitos de lesa humanidad y prófugo de la justicia argentina, Otilio Roque Romano.

El estigma del “sin techo”

La mayoría de la gente que perdió lo poco que tenía buscó arrimarse a familiares y amigos, invocando la solidaridad de sus afectos.  Muchas tuvieron que separarse debido a la desesperación por ubicar a los niños y mayores, esperando la respuesta del Municipio de San Martín.

La mujer hoy duerme en un galpón con techo de lata que le prestaron. Angustiada, relató el diálogo que tuvieron antes de la embestida: “La policía rodeó al negociador. Él nos comunicó que era un desalojo. Y cuando le pedimos que nos mostraran la orden, nos dijo que la fiscal no quería porque  no éramos nadie. `Ustedes tienen que ir a trabajar. Si hubieran estudiado, hoy tendrían un futuro´, dijo el mediador”.

Los vecinos no pueden olvidarse de la palabra de los policías: “Negros de mierda, malvivientes”, aún repican en sus cabezas. López se apura a aclarar que son personas que, motivados por la necesidad de una vivienda, accionaron colectivamente. “Nosotros estábamos organizados para comprar leche para los niños todos los días. Y hacíamos una olla popular para que todos comiéramos ahí. La gente llegaba con su vasito, su platito. Somos humanos, no nos pueden tratar como basura”.

La vecina declaró sentirse harta de ser objeto de burlas y engaños.  “Yo tengo hasta segundo año de Trabajo Social y creen que somos gente bruta”.  Además señaló haber sido víctima de una mala jugada de parte de la familia Castro (uno de los tres privados titulares de las tierras): “Hubo un intermediario entre los Castro y nosotros, que nos iba a vender  dos  parcelas de tierra. Pero en el medio de las idas y vueltas, encontramos irregularidades, se los hicimos saber, y ellos llamaron a la policía para que nos sacaran”.

Responsabilidades compartidas

En esa ocasión también se hicieron presente en el lugar personal de la Fiscalía de San Martín, la Comisaría 12, el jefe policial comisario inspector, Daniel Silva, bomberos y ambulancias. Además el helicóptero de la Policía de Mendoza que sobrevoló la zona casi con un toque cinematográfico que destacaron todos los medios de comunicación.

Tantos dispositivos de seguridad puestos al servicio de llevar adelante la medida, caló hondo en la psiquis de los lugareños. “El ministro de seguridad, (Carlos) Aranda estuvo sólo en una reunión, nunca habló nada, nunca propuso nada. Pero sí estuvo dispuesto a poner a su gente a disposición de la represión.  Me sorprendí  cuando vi tanta fuerza armada. Cómo puede ser que para desalojarnos a nosotros tengan tanta plata y para facilitarnos una vivienda digna, no. Fue tristísimo”, señaló López.

“También los políticos son responsables de lo que nos pasa. Nos han usado como han querido, nos tomaron como ignorantes.  Porque cuando vinieron a buscar el voto, nos abrazaron, alzaron nuestros niños con mocos hasta en la boca y nunca nos dijeron nada. Por lo menos para educar a nuestros niños, para que tengan donde vivir”, declaró López enojada y dolida.

La vecina de Palmira dijo que el municipio no colaboró con la situación por la que estaban atravesando los vecinos. Agregó además que había una organización que nadie puede negar. “El año pasado trabajé en un ropero comunitario y cuando empecé a trabajar para el barrio Néstor Kirchner conseguí ropa y las distribuí entre los vecinos rancho por rancho. Nadie nos ayudó”.

¿Entonces, cuál es la responsabilidad del municipio? López dijo que el municipio nunca se hizo cargo de esa situación, nunca enviaron a los miembros de Derechos Humanos, ni asistentes sociales, ni gente de  minoría y familia. “Antes del desalojo enviaron una asistente social que nos hizo una encuesta para saber cuántas eran las familias. Pero sólo vino a preguntar, porque nunca nos dio una mano”.

El secretario de Gobierno  de San Martín, Oscar González, aseguró que el municipio mantuvo reuniones con algunos representantes de la barriada y con el titular del IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), Omar Parisi, en el que este último ofreció al Departamento una fuente de financiamiento para la construcción de un futuro barrio para las familias expulsadas.

Los vecinos, por su parte, establecieron los sábados por la tarde como el momento  de intercambio informativo y discusión respecto de las negociaciones con la justicia y la Municipalidad.

La comuna sanmartiniana prometió la adquisición de un terreno para unas 150 familias. A pesar de lo traumático que ha resultado todo, la unión y la organización sigue siendo el eje de lucha de los vecinos.