El triunfo avasallante del Frente de Todos en las PASO de hace una semana –tan esperado como sorprendente en sus números– ha llevado al país a una condición institucional muy singular: el candidato Alberto Fernández solo ha ganado oficialmente una interna, pero extraoficialmente ha sido asumido por muchos como presidente futuro –lo que es muy probable, pero nunca seguro– y, lo que resulta más complejo en sus consecuencias, como si ya fuera presidente electo en proceso de transición compartido con Macri, como su predecesor.

Esto no es promovido por la perversidad intrínseca de ningún actor social (si bien son conocidas las urgencias y mezquindades de los llamados “mercados”). No son aquellos periodistas que cambian de bando a gran velocidad y con escaso tino, ni el ciudadano de clase media que quiere resguardar su salario o sus pequeños ahorros, ni los más pobres que asisten con paciencia a lo que suceda hasta las elecciones definitivas. Es evidente que las PASO han quedado a una distancia temporal excesiva de la elección de octubre: para la próxima, deberá programarse de mejor manera. Por ahora, hay que apechugar con las consecuencias.

El gobierno deglutió mal los números la noche del domingo y el día lunes el presidente Macri lanzó un discurso lamentable, deslizando algo como “Aguanten la suba del dólar, ¿para qué votaron como votaron?”. Su no muy convincente disculpa posterior mostró cambio de estrategia: ya no agredir a los votantes, sino tratar de reconquistarlos para su postura política. De allí la serie de medidas económicas típicamente “populistas” tomadas a la rápida, solo vigentes hasta noviembre o diciembre, con obvia limitación a la condición electoral.

En las dos ocasiones, el presidente se asumió como candidato, pero no como presidente. No parece advertir la gravedad de la situación, con una devaluación que alcanzó el 30 % en pocos días, con los esperables efectos inflacionarios y el sálvese quien pueda para ahorristas, tenedores de bonos y toda la cadena que va desde productores a comerciantes. Las medidas económicas tomadas no son para aquietar ese fantasmal sujeto múltiple que son “los mercados” ni para tranquilizar a la población: guardan un obvio propósito electoral. En ese sentido, pueden derrapar considerablemente en relación con lo que sería necesario para el momento y el país.

Las oposiciones políticas, y sobre todo el candidato ganador en las PASO, han guardado bastante circunspección ante los sorprendentes saltos de ánimo y de decisiones que el gobierno tomó en la semana. Pero, obviamente, habrá que estar muy cuidadosos frente a las actitudes que asuma el FMI –aliado del macrismo hasta ahora, pero inescrutable hacia el futuro–, así como frente a los fuertes efectos de la devaluación y de algunas medidas tomadas sobre diversos actores, afectados por súbitas decisiones que contrarían totalmente el ideario oficialista (gobernadores, empresarios y trabajadores de Vaca Muerta, por ej., preocupados los primeros porque se ha tomado de los fondos coparticipables, y los restantes, por una artificiosa y abrupta parada a la suba permanente de los combustibles).

Más visible es aún el caso en la provincia, donde el gobernador –presidente de un partido que es parte de la alianza nacional gobernante– se ha asumido como si fuera él el candidato a la próxima gobernación, lanzándose a una campaña publicitaria de innumerables spots que erogamos todos los que vivimos en Mendoza. El candidato a gobernador oficialista ocupa un opaco segundo plano y ambos buscan mostrarse lejanos del gobierno nacional que han contribuido a instaurar y sostener.

Presidente y gobernador tienen derecho a ser candidatos –el segundo lo es a diputado nacional– y a comportarse como tales. Pero las campañas aún no debieran haber empezado, y necesitamos las jefaturas institucionales asumiendo con prudencia y claridad su rol de autoridades con la pluralidad de intereses que allí se debe representar. Si esto sigue sin atenderse, la llegada a diciembre en medio de turbulencias económicas y calendarios políticos puede hacerse riesgosa.