La historia de la Ley comenzó a escribirse el 1 de marzo de 2009, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ante la Asamblea Legislativa que enviaría un proyecto para reemplazar el decreto ley 22.285, que regía desde la dictadura militar y era conocido como Ley de Radiodifusión.

El prólogo del libro se había escrito 9 meses antes, cuando la Coalición por una Radiodifusión Democrática le pidió a la Presidenta el envío de una nueva ley que dejara atrás la impulsada por los militares. Como prometió en la Asamblea, Cristina envió el proyecto al Congreso el 18 de marzo.





Dirigentes frente al proyecto

Los posicionamientos políticos no tardaron en llegar. La lideresa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió y el entonces titular de la UCR, Gerardo Morales, se mostraron en contra del proyecto. Con su ironía habitual y en conferencia de prensa, Carrió manifestó: ”Se busca poner de rodillas, no solo a las empresas sino también a los periodistas”, aseguró. Sin pruritos, agregó que no tenía ”ningún problema en defender a los llamados grupos económicos si es en defensa de la libertad de expresión”. Morales, por su parte, acompañó: ”Desde el Gobierno se busca convertir al país en la Venezuela de (Hugo) Chávez". Así lo mostró el desaparecido diario Crítica fundado por Jorge Lanata, quien es hoy  el periodista de mayor peso de Clarín. Esa defensa de las empresas mediáticas hecha por ambos referentes se basaba en el hecho de que los grupos mediáticos se verían obligados a desinvertir, debido a que la ley ponía restricciones a la cantidad de licencias tanto de radio como TV.

El principal perjudicado fue el grupo Clarín, quien plantó bandera contra el gobierno a partir de ese momento. El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, y el diputado nacional por Buenos Aires Francisco De Narvaéz, que en ese momento formaban Unión-Pro, también se mostraron en contra de la iniciativa oficialista."Sería un grave error querer confrontar a partir de un proyecto y aprobarlo con una composición (de las cámaras) que es legal, pero no legítima", advirtió Macri ante el diario La Nación. Pasaron los comicios legislativos de junio y, como la oposición en general obtuvo mejores resultados que el oficialismo, pidió debatir la ley en el Congreso con la nueva composición en ambas cámaras. Agustín Rossi, jefe del bloque oficialista en Diputados, acusó a la oposición de no querer tratar la ley.

Votación en Diputados



El oficialismo envió el proyecto de ley al Congreso, que ingresó por Diputados el 27 de agosto de 2009, luego de 24 foros de discusión y 80 charlas que se desarrollaron en todo el país. En ese marco comenzaron las audiencias en la Cámara Baja, en las que se escucharon las posturas de distintos representantes.

Mientras esto ocurría, en Mendoza hubo dirigentes que se oponían al proyecto, incluso del oficialismo. Uno de ellos, como publicó diario Los Andes el 25 de setiembre de ese año, fue el presidente (actual y de ese entonces) de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, quien vaticinó que la “ley no pasaría el filtro del Congreso” y lanzó: “Esta ley vuelve a dividir al país como lo fueron las retenciones" (en relación a la resolución 125, que fue rechazada por el Senado y por la que el oficialismo intentaba establecer un sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias). Además,Tanús anunció en esa oportunidad que prestaría las instalaciones de la Legislatura provincial para que todos los sectores involucrados intercambiaran opiniones con los legisladores provinciales y los representantes de Mendoza en el Parlamento nacional. Luego se hizo una audiencia en la provincia.

Llegó el momento de votar la norma en la Cámara Baja y salió aprobada tras 14 horas de debate, a la 1.20 de la mañana del 17 de septiembre, por 147 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Los votos positivos provinieron del bloque oficialista Frente para la Victoria-Partido Justicialista, y varios bloques opositores como el Partido Socialista, Encuentro Popular y Social (que respondía al actual titular de la autoridad de la aplicación de la ley, Martín Sabbatella), Solidaridad e Igualdad (SI), Partido Nuevo Contra la Corrupción (juecismo), el interbloque Partido de la Concertación/FORJA, el Frente Cívico por Santiago y Proyecto Sur, entre otras bancadas. Los cuatro votos negativos provinieron del bloque del Movimiento Popular Neuquino y un voto en disidencia con su partido de una diputada socialista. Hubo una abstención por parte del diputado de Diálogo por Buenos Aires, Miguel Bonasso.

¿Dónde estaban los otros bloques? Los legisladores de la oposición más crítica (UCR, Unión Pro, Coalición Cívica y el peronismo disidente) se ausentaron en el momento de la votación, en un gesto que buscó reforzar la postura que adoptaron durante el tratamiento en el recinto, que apuntó a poner en duda la legitimidad de la sesión. Laura Montero, actual senadora nacional por la UCR, entonces diputada por Consenso Federal (el partido que había creado el exvicepresidente Julio Cobos), decía: “No se ha logrado más que un efecto cosmético”, anticipaba que objetaría el punto de formación de la autoridad de aplicación y que propondría que estuviera conformada y designada por miembros del Congreso de la Nación. En tanto que Omar de Marchi, quien termina su mandato en diciembre por el PD, afirmaba en ese momento: "Hay otro elemento que es fuertemente negativo y que genera una enorme violencia moral: la aprobación de esta norma arranca con la pelea Kirchner-Clarín. Esa es la verdad. Ese es el verdadero objetivo político puntual y concreto de este día. No lo pueden esconder, a pesar de que buscan palabras o frases comprensivas de una serie de actitudes para tratar de “vendernos” a nosotros y a la comunidad la aprobación de este proyecto de ley. La primera frase que nos dicen es que el gobierno quiere democratizar la información. ¡Por Dios! ¿Alguien puede creer a esta altura del partido que Kirchner quiera democratizar algo en este país? ¿Alguien puede sinceramente creerlo?".

Lo curioso es que en ese momento, el por entonces gobernador de Santa Fe, Hermes Binner (socialista), quien fue electo diputado nacional por su provincia el domingo pasado, defendía el voto afirmativo de su partido: “Nosotros somos absolutamente respetuosos de nuestra historia, de nuestra trayectoria, como lo fuimos con el debate sobre las AFJP. Si revisan la participación de Estévez Boero en la Legislatura nacional, en el año 89 planteaba exactamente lo mismo. No cambiamos nuestras formas de ver la realidad circunstancialmente por los cambios de gobierno”. Cuatro años más tarde, en un foro que se hizo y que cubrió el grupo Clarín (quien cuestionó judicialmente la ley hasta que el martes pasado la Corte Nacional la declaró constitucional) los dichos fueron otros e incluso, confusos. Tras visitar las Jornadas de la TV por Cable que organizaron los cableoperadores locales en el porteño Hotel Hilton, desde la página web de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) afirmaron que Binner “asumió el compromiso de trabajar para cambiar la Ley de Medios”. Los voceros del candidato a diputado por el Frente Progresista santafesino, en cambio, aseguraron que Binner solo se comprometió “a analizar las situaciones que afectan a los pequeños operadores de cable del interior del país”. 

Un sector de dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical criticó duramente el rol del partido en el tratamiento de la ley de servicios audiovisuales, se quejó de que la UCR se ubicara a la "derecha del espectro político" e hizo trascender su posición a través de una carta pública: "(...) La UCR quedó embarrada en un espacio donde quedó compartiendo foto con Pinedo y De Narváez, funcional al modelo de la derecha más reaccionaria de la Argentina que tras la figura de Mauricio Macri intenta montar un berlusconismo vernáculo (...) En qué están pensando cuando se sientan alegremente en conferencias de prensa donde se sostiene que los legisladores que tienen mandato hasta el 10 de diciembre de 2009 no tienen legitimidad para legislar. Es una de las declaraciones más antidemocráticas que jamás se haya sostenido en el parlamento. (...) Mejor sería que en el Senado demostremos el compromiso que tenemos con el sistema y defendamos la posibilidad inmejorable de cambiar esta ley de la dictadura".

La decisión del Senado



La norma llegó al Senado, cuyo Presidente era Cobos, ya enfrentado con el Gobierno (luego de su voto “no positivo”, emitido un año antes sobre la resolución 125). En la madrugada del 10 de octubre el proyecto salió aprobado tras 20 horas de debate en el recinto, además de las audiencias previas, por 44 legisladores contra 24 de la oposición en la votación en general. Una de las voces en contra fue la del senador mendocino por la UCR, Ernesto Sanz (quien además era jefe del bloque). Sanz, en un extenso discurso, afirmó: “La norma de Medios que impulsa el oficialismo va a ser inaplicable", y denunció que "el gobierno ha utilizado en todos estos años desvergonzadamente el dinero público para premiar a amigos que hablaban bien del gobierno y castigar a los que eran críticos de su gestión".

¿Qué papel jugó Cobos? Tuvo varias reuniones con la oposición y exigió que el proyecto se discutiera en cinco comisiones, en lugar de dos como quería el oficialismo. El exvicepresidente se ha manifestado después en contra de la norma tal como fue aprobada. De hecho, apenas conocido esta semana el fallo de la Corte que declaró constitucional la ley, Cobos dijo: “La lectura en un país republicano, donde hay división de poderes, es que la Corte falló a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios, lo cual no implica que sea una buena o mala ley”, expresó. Asimismo, consideró: “Es un Gobierno que, de alguna manera, tergiversa las causas nobles y, quizás, termine tergiversando la aplicación de la ley”. Además, manifestó:“Esperemos que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), como se lo pide la Corte, legisle de forma independiente y llevando equidad en la aplicación de la ley”.

El rol del Poder Judicial



Aprobada la ley, llegaron las impugnaciones judiciales, especialmente por parte del multimedio Clarín, porque la ley contiene restricciones a la cantidad de licencias de FM, AM, TV abierta y por suscripción en manos de una misma empresa, y establece múltiples incompatibilidades a la propiedad cruzada de esos medios. La dirigencia política también tuvo un papel en esta nueva instancia. A fines de 2009, el diputado nacional Enrique Thomas (que entró al Congreso por el PJ, luego se hizo cobista y ahora es peronista disidente) hizo una presentación para frenar la aplicación de la ley y su argumento fue respecto de vicios en el trámite parlamentario. Una jueza mendocina hizo lugar a esa presentación, que fue luego desestimada por la Corte.

Durante estos cuatro años, la Ley no pudo aplicarse en su totalidad porque estuvo cuestionada en la Justicia. Lxs políticxs siguieron fijando posición, incluso en las campañas electorales de 2011 y de 2013. Así lo mostró Edición UNCUYO en la reciente campaña para las elecciones legislativas del domingo pasado. Lxs políticxs siguieron jugando el partido y muchos lo hicieron con la camiseta puesta para un equipo que perdió el campeonato el martes pasado.