Bentogate: la desaparición del celular del juez y otras claves de una causa turbia

Sociedad

Ese procedimiento se repite en todas las provincias. En el caso de Mendoza, los magistrados que componen la Cámara Federal de Apelaciones son el presidente Juan Ignacio Pérez Curci, el vicepresidente primero Gustavo Enrique Castiñeira de Dios, el vicepresidente segundo Manuel Alberto Pizarro y el vocal Alfredo Rafael Porras; en la actualidad, existen dos cargos vacantes.

A su vez, la Cámara Federal de Apelaciones está dividida en dos salas: la A (compuesta por Manuel Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci) y la B (integrada por Enrique Castiñeira de Dios y Alfredo Porras).

Además, hay 4 jueces federales de primera instancia: dos con competencia penal y otros dos en el fuero civil.

En el ámbito penal, encontramos el Juzgado N.° 1 de Primera Instancia (que tiene competencia penal y electoral), encabezado por el juez Walter Bento, y el Juzgado N.° 3 (solo competencia penal) liderado por el magistrado Marcelo Fabián Garnica. En tanto, en el ámbito civil, laboral, ejecutivo y contencioso administrativo, aparece el Juzgado N.° 2 de Primera Instancia, liderado por el juez Pablo Oscar Quirós, y el Juzgado N.° 4 de primera instancia, que tiene competencia tributaria y previsional, y está a cargo de la jueza Susana Beatriz Pravata.

La Cámara Federal de Apelaciones es el órgano con multicompetencia (salvo electoral) que revisa las sentencias dictadas por los juzgados de Primera Instancia N.º 1, 2,3 y 4 de la ciudad de Mendoza, San Rafael (Mendoza), San Juan y San Luis, cuando estas sean apeladas por la parte vencida.

En el ámbito no penal, existen además los denominados “recursos directos”, a través de los cuales la causa llega directamente a la Cámara, como ocurre con la UNCUYO o la AFIP, ya que, al ser instituciones nacionales, si llegan a agotar las vías administrativas internas correspondientes, ese tribunal es el único competente para resolverlo.

La escala de jerarquía se completa con los Tribunales Orales Federales. Estos son dos y están compuestos por tres jueces cada uno. En Mendoza, el Tribunal Oral Federal N.° 1 está integrado por Alejandro Pigna, Paula Marisi y Alberto Careli, mientras que el Tribunal Oral Federal N.°2 se compone con los magistrados Héctor Cortez, Roberto Nacif y Pablo Salinas.

Estos tribunales entran en acción solo con temas puntuales y específicos del ámbito penal. No existen los tribunales federales en materia civil.

Los casos en los que interviene 

La Cámara Federal de Apelaciones, como así también los juzgados de primera instancia y los tribunales orales federales, tienen “competencia de excepción”, lo que significa que entran en acción cuando hay una causa vinculada o de interés nacional. En el ámbito penal los temas en los que interviene la Cámara son: contrabando, adulteración de documentos, trata de personas, delitos de lesa humanidad, tenencia y comercialización de estupefacientes, delitos de extorsión y desapariciones forzosas de personas. En lo no penal, la Cámara se involucra en cuestiones puntuales, como conflictos entre vecinos de distintas provincias o inconvenientes en instituciones nacionales como la UNCUYO, la AFIP, el INV o la aduana.

Cuándo se modifican los integrantes de la Cámara

Los integrantes de la Justicia Federal solo pueden dejar sus cargos por renuncia o destitución. En el primero de los escenarios, para cubrir el cargo que dejó vacante un juez saliente, la Cámara llama a concurso y los elegidos deberán atravesar el procedimiento anteriormente explicado. En el segundo caso, el juez acusado deberá afrontar el debido proceso (jury de enjuiciamiento) de los cargos que se le atribuyan. En caso de ser hallado culpable, deben retirarse los fueros del magistrado y, una vez cumplido ese proceso, podrá ser arrestado.

Por último, existe la posibilidad de que un juez en funciones se tome licencia. En ese caso, se nombrará a un juez subrogante que suplante al titular hasta que retorne a sus funciones habituales. 

 

Cómo es el proceso para destituir a un juez

"Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el Artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal", establece el artículo 115 de la Constitución Nacional. En este sentido, las causales son mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones y crímenes comunes.

"Su fallo, que será irreducible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios", agrega la misma norma. "Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido si transcurrieren 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo", señala el artículo.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por nueve miembros: tres legisladores, tres abogados y tres jueces.

El procedimiento debe asegurar el derecho de defensa del acusado. El fallo que decida la acusación deberá emitirse con mayoría de dos tercios de sus miembros.

• El primer paso es que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura estudie el tema y recomiende el enjuiciamiento o la desestimación de la denuncia;
• Ese dictamen es sometido a votación en el plenario del Consejo de la Magistratura que, si corresponde, formulará la denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, que es el encargado de juzgar al magistrado;
• Se corre traslado al magistrado por el plazo de 10 días;
• Contestado el traslado, se abre la causa a prueba por el término de 30 días. Ese plazo puede ser prorrogado por una disposición de la mayoría del jurado o ante una petición expresa y fundada de ambas partes;
• Las audiencias serán orales y públicas, pudiendo ser interrumpidas o suspendidas cuando circunstancias extraordinarias o imprevisibles lo hicieren necesario;
• Concluida la producción de las pruebas, las partes (primero, el representante del Consejo de la Magistratura, y luego, el magistrado acusado o su representante) producirán en forma oral su alegato en el plazo que al efecto se le fije, el que no podrá exceder de 30 días;
• El jurado tiene un plazo no superior a los 20 días para resolver.

El caso Bento

En el caso puntual del juez Walter Bento, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura designó este miércoles por sorteo al diputado y consejero Pablo Tonelli (PRO) como instructor de la denuncia contra el juez, acusado de ser el líder de una asociación ilícita que cobraba sobornos a imputados. De esta manera, Tonelli será ahora el responsable de investigar desde el Consejo el desempeño de Bento, que tiene un pedido de detención del fiscal federal Dante Vega, pero no puede ser arrestado mientras conserve sus fueros como juez.

La justicia federal de Mendoza intentó hacerse, hasta ahora sin éxito, del celular del juez Bento, que respondió que no iba a entregarlo. Además de juez penal, Bento es el único juez federal de Mendoza con competencia electoral y, por ende, el que deberá organizar y controlar las próximas elecciones nacionales en la provincia. Por eso, todos los sectores del Consejo de la Magistratura son conscientes de que este caso no admite demoras.