El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que el anteproyecto de ley que él mismo junto a colaboradores confeccionó sobre responsabilidad penal juvenil viene “a saldar una asignatura pendiente”, ya que la actual legislación en la materia “es un decreto de la dictadura, de 1980, y luego de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por las Naciones Unidas, en 1990, estamos incumpliendo la normativa internacional”.

El acto se realizó en la sede de la cartera de Justicia, con la asistencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra; senadores y diputados nacionales, jueces, juristas y los miembros de la comisión que redactó el texto, entre otros invitados. Garavano señaló que “se trabajó durante tres años para redactar el texto, sobre una base empírica” y que “la clave no es solo la ley, sino su implementación”, que se estima demandará unos siete años para que se aplique en todo el país, aunque “casi todas las provincias ya tienen normativa sobre este tema”.

Explicó que la edad de imputabilidad “es de término medio, similar a la de muchos otros países, en los que inclusive es más baja”, y que se determinó el límite de 15 años “porque es cuando se produce el clic para participar en hechos de envergadura, como violaciones, homicidios, hechos con armas de fuego y otros”.

El ministro rechazó en ese punto las críticas que desde distintos sectores se hacen a la baja de la edad de imputabilidad, “porque o hay intencionalidad política o desconocimiento por no haber leído el proyecto, que está hace tiempo publicado para que se opine sobre él, o hay ambas cosas”. Por su parte, Bullrich afirmó que la iniciativa tiene el objetivo de que “haya menos delincuentes y no más presos, porque tiene un sistema de contención para que los chicos no tengan como fin hacer una carrera delictiva, a través del Estado que va a dar respuesta a los grupos de jóvenes de 18 a 25 años, que es la franja en la que se cometen los delitos más graves”.

Gil Lavedra indicó que se trata de “un proyecto serio” que hace hincapié en “recuperar a los jóvenes” sin tener a la cárcel como primera instancia, con el trabajo de equipos interdisciplinarios” y cuya implementación, “sobre la base de la infraestructura que ya está en el sistema, demandará unos 600 millones de pesos prorrateados en los siete años que se prevén para su implementación”.

La iniciativa, que consta de más de 100 artículos, tiene como ejes contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos, y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas, con métodos no tradicionales de resolución de conflictos.

Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la edad de imputabilidad, que se establece de acuerdo al monto de las penas fijadas por las leyes a partir de los 15 años, en el caso de que el menor cometiera algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal. Será imputable el adolescente mayor de 16 años y menor de 18 que cometiera un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal.

El anteproyecto fija con carácter excepcional la sanción privativa de la libertad "que solo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socioeducativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente".