Acuerdo con el FMI, cerrado: cómo será el tratamiento en Diputados

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De esta manera, se dispondrán revisiones a los cuadros tarifarios vigentes que abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales, y cuyas actualizaciones a partir de nuevos parámetros serán motivo de una nueva audiencia pública que será convocada para fines de abril próximo. La redefinición de estrategia en materia tarifaria de servicios energéticos se da en el contexto de la entrada en vigencia, el 1.º de marzo, de los nuevos cuadros tarifarios transitorios –resultantes de las correspondientes audiencia públicas– de entre el 17 % y el 20 % promedio, porcentuales que serán incluidos para el cálculo de los incrementos totales a aplicar en el actual año calendario.

Las nuevas correcciones abarcarán tanto a usuarios residenciales como no residenciales, y contendrán las propuestas de exclusión, si correspondiere, para lo cual se acordaron tres parámetros que son parte del texto del acuerdo con el organismo multilateral de crédito.

Para los usuarios residenciales, se considerará como criterio objetivo el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), como lo establecía la Ley N.° 27443, frustrada por el veto total impuesto por el expresidente Mauricio Macri en junio de 2018, tal como ya había adelantado el presidente Alberto Fernández en su mensaje a la Asamblea Legislativa.

Con dicho parámetro, el Poder Ejecutivo nacional impulsará, audiencia pública mediante, las medidas que tracen un sendero para el bienio 2022-2023 para "una nueva propuesta tarifaria con un esquema de segmentación de subsidios que enfoque los esfuerzos del Estado Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago", aseguró el Palacio de Hacienda. Ese esquema, agregó, enfocará "el esfuerzo estatal en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago, e incentivando la adopción de medidas que induzcan al uso racional de los servicios".

Segmentación en tres niveles

La cartera económica precisó que la segmentación para el bienio 2022-2023 contempla tres niveles. El primero de ellos es el de usuarios que dejarán de ser beneficiarios del subsidio al consumo energético en función de su plena capacidad de pago. El segundo, de usuarios beneficiarios de la tarifa social, para quienes el incremento total en su factura para cada año calendario será equivalente al 40 % del CVS del año anterior.

Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 % del CVS correspondiente al año anterior, índice que en 2021 fue del 53,4 %, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los aumentos previstos para las categorías de segmentación de usuarios que mantengan algún porcentaje de subsidio.

La propuesta para los usuarios no residenciales contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes Usuarios de Distribuidor (GUDI, con potencias mayores a 300 kW). Para el resto, se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública.

Las discusiones sobre los ajustes tarifarios insumieron gran parte del último tramo de las negociaciones con el FMI, debido al peso que tienen los subsidios energéticos en el déficit fiscal. En la Presidencia de Macri se buscó reducir el gasto en subsidios, pero a costa de aumentos tarifarios que, en los cuatro años de gestión, oscilaron el 3000 %.

En el final de la administración macrista, se retomó el congelamiento que –con ajustes menores– se inició tras al fin de la convertibilidad hasta finales de 2015. Luego fue continuado por el actual presidente Alberto Fernández, con una interrupción parcial en 2021, cuando se procedió a ajustes del 9 % en la tarifa de electricidad.

La contracara de ese mantenimiento del esquema tarifario fue la elevación del gasto en subsidios a niveles que llegaron a superar el total del déficit primario. Al respecto, los subsidios para el sector energético pasaron de $ 186 294 millones en 2018 a $ 1 046 300,5 millones en 2021, con un incremento en tres años del 461,6 %, según datos aportados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Sin embargo, subsanar ese problema implica un aumento de tarifas que, según el porcentaje aplicado, podría incidir en forma negativa en el poder adquisitivo de la población, en especial, los sectores socialmente más vulnerables, tal como ocurrió entre 2016 y 2018. Ese aspecto fue atendido en las negociaciones con el FMI y finalmente se pudo acordar que, salvo los sectores de mayor capacidad económica, la mayoría de la población no tenga que pagar aumentos superiores a la variación salarial.