Pese a que estamos a mediados de abril, el gobernador Francisco Pérez no tiene aprobado el presupuesto 2014, ya que en el Senado no consiguió los votos necesarios debido a una diferencia sobre los montos del endeudamiento. Como consecuencia, el Gobernador emitió un decreto para que entrara en vigencia el presupuesto del año anterior y ahora envió un proyecto a la Legislatura para que lo habilite en forma permanente a hacer uso de diversos fondos públicos sin autorización legislativa y endeudarse, lo que implica una modificación a la Ley de Contabilidad. El oficialismo quiere tratar esta iniciativa en ambas cámaras el lunes próximo, un día antes del recambio legislativo en el que perderá en Diputados la cantidad de legisladorxs que requiere para aprobarlo (mayoría simple). La UCR irá a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de esta norma porque considera que el Gobierno busca que la Legislatura le delegue facultades que la Constitución impide.

De noche, el martes pasado, el proyecto que se refiere a la “reconducción del presupuesto”, ingresó a la Casa de las Leyes. Según el texto, al que accedió Edición UNCUYO, se busca una modificación a la ley 3799 que es la Ley de Contabilidad de la provincia, una norma de mucha relevancia porque contempla los procedimientos para el manejo de los fondos del Estado, es decir, los fondos públicos. Desde Casa de Gobierno justificaron en el texto esta reforma a la ley de Contabilidad para “evitar una parálisis o un colapso de la administración estatal” y además “establecer un mecanismo que asegure la continuidad financiera de la Administración Pública”, debido a la falta del aval al presupuesto 2014. Pero además es una respuesta a una carta documento que envió con fecha del 1.º de abril el presidente del radicalismo local, Sergio Pinto, en donde le advertía a Pérez que la Constitución provincial, en su artículo 99, le permite usar el presupuesto del año anterior si no tiene aprobado el del corriente año, pero solo usar “partidas ordinarias”, es decir que ninguna persona que sea responsable de las distintas carteras del Estado puede utilizar fondos públicos para gastos “extraordinarios”, esto es no habituales.

Entonces, el titular del ministerio de Hacienda, Marcelo Costa, armó este nuevo proyecto en el que diferenció gastos “ordinarios” de los “extraordinarios”. Los primeros son aquellos para los que no se requiere permiso de la Legislatura para usarlos. Ahí está la puja, porque el titular de Hacienda incluyó al pago de deuda, la posibilidad de endeudarse y la obra pública como ordinarios, puntos para los que hasta ahora se necesitaba el aval de Diputados y el Senado. Especialmente en los dos primeros casos eran necesarias las manos levantadas de los dos tercios del total de quienes estuvieran presentes en la sesión legislativa en la que se discutían. Con esta norma, el Gobierno podrá tomar la deuda que tomó el año pasado, es decir, 1750 millones de pesos. 

La modificación de la Casa de Gobierno dice en su artículo 6 que cambiará el artículo 79 de la Ley de Contabilidad: “En el caso de erogaciones del Presupuesto reconducido corresponderá (…) incluir créditos presupuestarios indispensables para el pago de intereses y amortización de la deuda pública e incluir créditos presupuestarios para asegurar la continuidad de los servicios del Estado”. Suma como artículo 80 de la Ley de Contabilidad: “Incluir recursos provenientes del crédito público con autorizaciones legislativas anteriores al ejercicio en curso y cuyo ingreso ocurra durante la ejecución del presupuesto reconducido”.Además, entre los últimos artículos incluye la constitución de un fondo anticíclico, es decir, un fondo anticrisis.

“Han hecho una interpretación de que tanto el endeudamiento como las obras públicas son gastos ordinarios, que se vienen haciendo hace unos años y por lo tanto pretenden ejecutar esos fondos sin el aval de Legislatura”, se quejó el diputado radical electo por la UCR, Martín Kerchner, ante la consulta de este portal. “Es inconstitucional, vamos a plantear una acción en ese sentido”, agregó el presidente del bloque radical en el Senado, Armando Camerucci.

Kerchner se basa en la Constitución Nacional para plantear el cuestionamiento al PJ. “El artículo 29 de la Constitución les impide avanzar en el sentido que pretenden”, dijo. ¿Qué sostiene este artículo? Lo siguiente: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni a las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.

El apuro oficial

La queja de la oposición apunta a que esta ley se aprobará “entre gallos y medianoche”, “sin debate”, de manera “fugaz”. Lo concreto es que en el Senado está prevista una sesión especial para el lunes a las 10.30 y en Diputados para el mismo día a las 20. ¿Por qué ese día? Porque los dos días que siguen, martes y miércoles, juran los nuevos integrantes del Senado y Diputados, respectivamente, es decir que se va la mitad de ambas cámaras porque se les vence el mandato y asumen quienes obtuvieron bancas en la elección de octubre pasado.

¿Qué problema tendrá el oficialismo que hoy no tiene? Que en Diputados perderá la mayoría simple, es decir que con sus propios votos no podrá aprobar una ley y necesitará de la voluntad de quienes integran las otras bancadas. En cambio, hasta el lunes tiene mayoría siempre tanto en Diputados como en el Senado; por lo tanto, si pretende avanzar con la modificación de la Ley de Contabilidad debe hacerlo ahora.