El Senado de la Nación convirtió en ley este miércoles la modificación de un artículo del Código Penal, el 72, que facilita las denuncias en abusos sexuales infantiles. Por unanimidad, la Cámara Alta estableció que estos delitos pasen a ser de instancia pública.

Esto significa que cualquier persona podrá denunciar y así la Justicia, a través de sus dependencias, estará obligada a investigar —sin importar si se ratifica o no la denuncia— y podrá resguardar la protección de los niños.

El Código Penal tipificaba los atentados contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes como delitos de instancia privada. En este sentido, el Estado no podía actuar de forma directa, sino que se requería la ratificación de la víctima. Como se trataba de menores, los adultos responsables debían dar el visto bueno para que se iniciara una investigación. Esto ya no será así.

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El 70 % de los abusadores sexuales pertenecen al entorno familiar masculino del niño o niña, según Francisco Izura, coordinador del equipo de abordaje del Ministerio Público Fiscal que trata este delito.

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La importancia de esta ley está en que, en estos casos, un alto porcentaje de denuncias quedan inconclusas por desconocimiento, temor y en algunos casos hasta negación por parte de los adultos. Esto expone a muchos niños y niñas, quienes no encuentran la contención y acompañamiento que necesitan.

De acuerdo con datos del Programa Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, más de la mitad de las denuncias por abuso sexual a niñas/os y adolescentes no fueron investigadas porque la persona denunciante no continuó el trámite ante la justicia.

Según datos del relevamiento realizado por la Fundación para el Estudio e Investigación en la Mujer (FEIM). El 62 % de los niños y niñas abusados no pidió ayuda, el 22 % la pidió y no la recibió o fue inadecuada. Y sólo el 16 % pidió ayuda y fue creído.