Los senadores escucharon a los profesionales del sector minero y a sus trabajadores en el cuarto y último encuentro que promovieron, antes de decidir si le daban luz verde al proyecto Hierro Indio, que busca llevar adelante las etapas de prospección y exploración en una mina ubicada en Malargüe. 

En los encuentros anteriores, los legisladores escucharon las razones del gobierno para promover los emprendimientos –en las voces de los ministros de Energía, Marcos Zandomeni y de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, Guillermo Elizalde–, a los científicos del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), a los profesionales del Departamento General de Irrigación (DGI), a los integrantes de asambleas en defensa del agua y de los bienes comunes y, por último, a los empresarios y representantes de cámaras industriales del sector.

Los encuentros que organizaron los senadores les permitieron escuchar las voces de todos y suspender uno de los proyectos analizados, Cerro Amarillo, ya que siguieron la recomendación del director del Ianigla, Ricardo Villalba, de dejar en suspenso su análisis hasta que concluyeran el inventario de glaciares del Río Grande, zona donde se asentaría el emprendimiento. 

Teniendo en cuenta la opinión de los expertos fue que también decidieron seguir con el análisis del proyecto Hierro Indio. En este caso, Villalba dejó en claro que el emprendimiento se emplazaría “fuera de todo el sector de glaciares”, ya que las reservas hídricas en estado sólido se ubican a 2832 metros, mientras que el emprendimiento planea ubicarse a 2400 metros, es decir 400 metros por debajo de la zona protegida. 

Una opinión similar expresó el secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación (DGI), Mario Salomón, quien aseguró que en la etapa de prospección y exploración “no existe ningún tipo de afectación de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos”. Y que la cantidad de agua que se utilizaría sería sólo para el consumo humano, según la presentación que hizo la firma de capitales nacionales.

Con estas opiniones científicas, los legisladores decidieron continuar con el análisis de la iniciativa que buscaba reactivar una mina de hierro, sólo para las etapas de prospección y exploración. Si la firma de capitales nacionales tuviera la intención de explotar efectivamente la mina, entonces deberían realizar otra vez el proceso de aprobación desde cero.

Los senadores también escucharon ayer a integrantes de asambleas por los bienes comunes y por el agua y a organizaciones ambientales, quienes pidieron que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) con que contaba el proyecto fuera declarada nula y se volviera a foja cero, por entender que existían serias irregularidades en el proceso. Otro de los pedidos fue que respetaran los mecanismos de participación popular previstos en la ley para estos casos y que se pidiera un informe sectorial a los departamentos de San Rafael y General Alvear que, creen, podrían ser afectados por la iniciativa.

Los empresarios e integrantes de cámaras mineras y de actividades afines plantearon la necesidad de dejar de lado la dicotomía "minería sí, minería no". Aseguraron que la actividad generaba un impacto –como cualquier otra– pero que no contaminaba salvo que se hiciera mal y sin controles.

El planteo básico de los impulsores de la actividad, fue que la minería era una actividad legal, lícita, básica para el desarrollo de cualquier país. Una actividad, dijeron, que generaba puestos de trabajo, que permitiría sustituir la importación de minerales, además de colaborar con la ampliación de la matriz productiva de Mendoza.

Los empresarios y representantes de cámaras contestaron a uno de los cuestionamientos que hicieron los integrantes de asociaciones por el agua pura, quienes pidieron que se evalara el proyecto en su totalidad y no por partes. Explicaron a los legisladores que esto era “imposible”, porque no se podía proyectar a futuro; en tanto no se supiera qué minerales, cuánto y en qué cantidad y calidad existían, la empresa no podía decidir si continuaba con la etapa de explotación.

El primero en expresar su visión fue el abogado Carlos Ferrer, representante de la Cámara de Servicios Mineros. Pidió a los legisladores que realizaran un acto interno de apertura real intelectual y que no hicieran política partidaria con el tema, pensando en 2015. 

Ferrer planteó una visión tremendista de la situación de Mendoza y Argentina. Aseguró que vivíamos una crisis peor que la de 2001, que la provincia se estaba “prendiendo fuego” y que los proyectos mineros eran una posibilidad cierta de trabajo.

El abogado aseguró que la gente común no le tenía temor a minería sino al sistema de control, que además era susceptible de corrupción. Por eso pidió que brindaran la oportunidad a las mineras de comenzar el trabajo exigiéndoles los máximos estándares de calidad, pero señaló que eso se debía dar en la cancha, jugando y no antes de que comenzara el partido, poniendo chicanas y palos en la rueda.

El siguiente orador fue Pedro Martínez, director de la Cámara de Comercio y Ganadería de Malargüe, quien hizo una breve descripción del departamento. Explicó que era el más extenso –con 41 kilómetros cuadrados–, el menos poblado –30 mil habitantes–, que sólo 2 por ciento de la tierra era cultivable y que la producción ganadera se había reducido en forma notable en los últimos años. Con esta enumeración, Martínez concluyó que la comuna sureña era pobre en otros recursos, pero rica en hidrocarburos y en minerales.

El titular de la Cámara de Comercio de Malargüe dijo que la campaña de desprestigio contra la minería la había iniciado el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, y aclaró que no quería que se corrigiera la ley 7722 –que prohíbe el uso de sustancias tóxicas– sino que se derogara, porque significaba un claro perjuicio para la economía del departamento, de Mendoza y del país.

Los senadores también escucharon al secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Rodolfo Calcagni, quien aclaró que no era minero sino representante de los trabajadores. Defendió la actividad como una fuente de empleo genuino y dijo que los puestos eran necesarios, ya que de enero a octubre de este año se habían perdido 3000 empleados registrados y 2000 no registrados.

Calcagni pidió que aprobaran la iniciación del proyecto, que analizaran los empleos que podía generar y los fondos que podía dejar a la provincia.

También brindó su opinión Guido Tomellini, de la Asociación de profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea), quien explicó la gran evolución tecnológica que se había producido en los últimos años en todos los sectores, el mismo fenómeno, señaló, que se había hecho realidad en la industria minera, que hoy contaba con métodos nuevos para detectar el mineral, para medir máximas concentraciones y hasta para extraerlo en forma magnética, como sería el caso de Hierro Indio, de acuerdo a lo que expresó.

Tomellini recalcó que las decisiones que se tomaran ahora afectarían el futuro. Dio como ejemplo la instalación en Mendoza de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (Fuesmen), de la planta donde se esterilizaban las moscas de los frutos, del observatorio Pierre Auger y de la pertenencia del Instituto Balseiro a la UNCUYO. Dijo que todas fueron decisiones estratégicas, de visionarios, que hoy beneficiaban y eran un orgullo para Mendoza.

Juan Carlos Ortiz, secretario general del gremio de trabajadores mineros, dijo que la actividad minera era una actividad como cualquier otra, que el proyecto Hierro Indio cumplía con todas las normas legales y que estaba en condiciones de comenzar. 

Ortiz recalcó que la minería no contaminaba, que era necesario centrarse en los controles, en que siguieran los máximos estándares de calidad exigidos. Lo peor que podríamos hacer, señaló, sería prohibir la actividad.

También expuso su visión el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Mario Chabert, quien agradeció la posibilidad de expresarse y recalcó que el único camino a seguir para desarrollar la actividad era apegarse a las leyes y exigir control. 

Chabert recalcó que el mundo no podía vivir sin minería. Comentó que el 48 por ciento del Producto Bruto Geográfico provenía directamente de la minería, que el 50 por ciento restante no podría existir sin ella, al tiempo que recalcó que Chile producía por 10 millones de dólares por año y nosotros nada, aunque teníamos el mismo potencial a lo largo de la cordillera de Los Andes.

El representa de los empresarios mineros contestó algunos cuestionamientos que hicieron integrantes de organizaciones el día anterior. Recalcó que el turismo era compatible con la minería, al igual que la agricultura, y dio como ejemplo a Chile, que tenía 4000 minas en actividad y desarrollaba los otros dos sectores. 

También aportó su visión Julio Totero, el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), quien dijo a los legisladores que representaban a la voz más silenciosa, que no se veía ni se comprendía, porque no cortaba rutas. 

Totero explicó que el único camino que apoyaba era poner en marcha una minería sustentable, con estricto apego a la ley y a los controles. Pidió a los senadores que le dieran prioridad a un tema que consideraba estratégico, que no dilataran la decisión, ya que la iniciativa permitiría generar empleo, brindar materia prima al sector y diversificar la matriz productiva de Mendoza.

El presidente de Asinmet recordó que tanto los profesionales del Ianigla como de Irrigación había dejado en claro que el proyecto Hierro Indio no afectaba a la zona protegida de glaciares, a las aguas superficiales ni a las subterráneas, y que era necesario confiar en que esos informes eran adecuados y que tenían una base científica.

También estuvieron presentes los representantes de la Asociación Geológica de Mendoza, Edy Lavandaio y Víctor Bonfils. El primero comentó que hacía nueve años que no se hacían trabajos de exploración en Mendoza, debido a las decisiones de los gobiernos y los legisladores, con las que nunca estuvieron de acuerdo. Pese a esto, ofrecieron a los senadores la ayuda que necesitaran para comprender aspectos técnicos del tema.

Lavandaio recordó que 50 años atrás se había hecho en Mendoza el Plan Cordillerano, por el cual se detectaron 56 zonas con riqueza metalífera, pero que hasta ahora no se había explorado ninguna.

Bonfils señaló que la minería, como cualquier otra actividad, causaba impacto pero no contaminaba. Si lo hacía, recalcó, era mala praxis.

El presidente de Ágora Ambiental Mendoza, Matías Cejas Goñi, dijo sentir preocupación por la postura de algunas organizaciones que tomaban al ambiente como una herramienta para cercenar el crecimiento de Mendoza. Comentó que esas mismas organizaciones nunca levantaban la voz para denunciar la contaminación que podía producir un proyecto en el piedemonte, uno hidrocarburífero o uno agrícola.

Cejas Goñi planteó la necesidad de abrir el debate respecto de la minería, por entender que era una actividad importante para el desarrollo económico. Destacó que sólo apoyaban la realización de proyectos sustentables, que cumplieran con las leyes y los controles.

Una vez que se expresaron todos los anotados en la lista de oradores, el radical Armando Camerucci expresó que debía hacer algunas aclaraciones respecto de los dichos vertidos. Dijo que no había escuchado a ningún legislador expresarse en términos mineros o antimineros, que estaban inmersos en una discusión que excedía esa postura maniquea.

El legislador señaló que no habían puesto palos en la rueda ni chicanas para tratar los temas referidos a la actividad. Fue en ese momento que el abogado de la Cámara de Servicios Mineros, Carlos Ferrer, se paró, le pidió derecho a réplica, le aseguró que tenía buena dialéctica pero que lo había sacado de contexto.

La presidenta de la comisión de Ambiente, Ana Sevilla, le explicó que no se permitiría el derecho a réplica y lo invitó a retirarse si no escuchaba a los legisladores.

La calma se restableció y habló Noelia Barbeito, senadora de la Izquierda, quien señaló que los empresarios no habían contestado ninguno de los cuestionamientos de las organizaciones por los vicios del expediente administrativo y recalcó que no estaba en contra de la minería pero sí del saqueo y de la lógica capitalista, donde los únicos que ganaban eran los empresarios y no la comunidad en la que se emplazaban los proyectos.

Barbeito también hizo alusión a los comentarios de algunos oradores sobre el éxito del proyecto Vale, la cantidad de trabajo que había dado y los altos sueldos que tenían los empleados. Dijo que se habían olvidado de contar una parte, que fue cuando los empresarios abandonaron el proyecto porque “no les cerraba”.

También se expresaron los senadores Sergio Moralejo y Fernando Simón, quienes coincidieron en la importancia del procedimiento que siguieron para analizar el proyecto, que fue escuchar a todos los interesados en la temática, en lugar de decidir en una votación cerrada sin demasiados elementos de juicio.

Justamente con la información que les aportaron los científicos, los funcionarios, los representantes de organizaciones ambientalistas y los empresarios y trabajadores del sector, los senadores de las comisiones de Ambiente e Hidrocarburos elaborarán dos despachos. El próximo y último paso será el tratamiento de la iniciativa en el recinto.