El Gobierno nacional llevará adelante, a partir de este martes, tres audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios, vigentes a partir del 1.º de junio, del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.

De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Poder Ejecutivo en el programa económico. Se apunta a lograr "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la convocatoria a las audiencias.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó el viernes pasado, en Salta, que la energía es "un costo muy importante en la producción: si se acelera el desarrollo energético, bajan los costos de la producción; si bajan los costos de la producción, nuestra industria se vuelve más competitiva y tiene más capacidad de generar empleo con menos demanda de divisas".

Cronograma de audiencias

En la primera de las audiencias públicas, convocada para mañana –a partir de las 10–, que se llevará a cabo a través de la Plataforma Webex, se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El miércoles se tratarán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.

En este aspecto, Guzmán hizo una distinción: "Los subsidios energéticos a sectores que no lo requieren: eso es un gasto". "¿Qué implica gastar más en eso? Implica gastar menos en educación, implica gastar menos en ciencia y tecnología y obra pública. Gastar más en subsidios energéticos implica invertir menos. Inversión es futuro. Ese gasto quita recursos para construir futuro", señaló.

Por ello, el Gobierno propone abordar los subsidios mediante la segmentación por capacidad de pago, reducirlos significativamente en los sectores de más altos ingresos para resolver en simultáneo "el sesgo prorrico y las ineficiencias derivadas, tanto en el consumo residencial de esos sectores como las ineficiencias del gasto público".
 

Esquema de protección

En cuanto a las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias, buscan impulsar un esquema dirigido a "proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago", e incentivar a la vez la "adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental". Para los usuarios residenciales, se considerará como criterio objetivo una "corrección tarifaria relacionada con la evolución de sus ingresos", representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N.° 27443, frustrada por el veto total impuesto por la administración Cambiemos.

Para el 90 % de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, con correcciones en sus facturas menores que el incremento de los ingresos en términos reales.

De esta manera, el esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el bienio 2022-2023 contempla que los ​usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año y, para el 2023, esa corrección será equivalente al 40 % del CVS del año anterior. En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará el 6 %. Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80 % del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año anterior.

En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio del 17 % para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA y del 21,5 % promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país. Por último, la franja del 10 % de ​usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.

Cruce de datos

El cruce de la información abordó lo disponible por empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural de red residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio.

Si se toman como referencia los suministros, en este segmento se incluirían hasta 1.631.846 usuarios del servicio eléctrico, que representan el 10,1 % del universo relevado, y 1.178.248 suministros de gas residencial que representan el 12,9 %, de acuerdo al informe oficial.

En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, el informe analizó que el decil superior recibió en 2021 un subsidio promedio en electricidad de $ 49.452, y en gas natural, de $ 23.312, por lo que, con un ingreso por hogar promedio de $ 3.258.861 al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto del 1,5 % y el 0,72 %, respectivamente.

A estas cifras, la cartera energética llegó mediante la evaluación de alternativas para la asignación de subsidios basada en aspectos socioeconómicos, como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográfico-espaciales asociadas al valor de la propiedad y la urbanización. Así, en el segmento de menor nivel de subsidios, la definición se basa en alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago o estar en el registro de urbanizaciones cerradas.

Criterios socioeconómicos

En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.

En el caso del segmento de mayor nivel de subsidios, la inclusión se podría definir por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o, entre los criterios socioeconómicos, ser jubilado, pensionado, trabajador en relación de dependencia o monotributista que perciba una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles.