Con un olla popular frente al Obelisco y misas en cinco provincias, arrancó en la mañana de hoy, lunes 28, la denominada "Marcha Federal por Pan y Trabajo", que confluirá en una concentración el próximo viernes 1.º de junio frente al Congreso de la Nación en demanda de la sanción de leyes de "emergencia alimentaria, integración urbana, infraestructura social, adicciones y agricultura familiar". Las celebraciones religiosas se desarrollaban en La Quiaca (Jujuy), Bariloche (Río Negro), La Rioja, Posadas (Misiones) y Ushuaia (Tierra del Fuego), tras lo cual comenzarán las caravanas rumbo a la ciudad de Buenos Aires.

La protesta es organizada por los movimientos sociales encolumnados en el denominado "triunvirato piquetero", constituido por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). La marcha cuenta con el apoyo de gremios como La Bancaria y Camioneros, y de la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky.

Mendoza formará parte de la columna Cordillera, que partirá desde La Rioja. Pero, además, el miércoles 30 se concentrarán las organizaciones que convocan a la Marcha en el Nudo Vial. Será a partir de las 10.00 y montarán una olla popular.

Desde Posadas, el dirigente de la CCC Juan Carlos Alderete dijo hoy en declaraciones a Radio Continental: "La prioridad número uno de nuestros reclamos es la ley alimentaria, aunque todas son importantes y están relacionadas". Añadió: "Además, las cooperativas sociales quieren ingresar a la pequeña y mediana obra pública que promueve el Gobierno en distintas provincias para que al participar directamente podamos generar trabajo a los compañeros".

Asimismo, Alderete, que encabeza la columna que sale del puente internacional Encarnación-Posadas, denunció que el diálogo con el Gobierno nacional "está absolutamente cortado desde septiembre pasado", aunque adelantó que, tras la marcha, los movimientos sociales serán recibidos por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. En la misma línea, el dirigente de la CTEP Esteban Castro fundamentó la necesidad de sancionar el proyecto de la ley de emergencia alimentaria en que, "en un país donde se produce alimento para 400 millones de personas en el mundo, los 40 millones de argentinos deben tener garantizado el alimento". "Nosotros trabajamos con un sector que vive en el marco de la desintegración social y, con esta política de ajuste, la desintegración va a ser peor", advirtió esta mañana desde La Quiaca, en diálogo con Télam.

La iniciativa de emergencia alimentaria incluye un relevamiento para detectar casos de malnutrición o en riesgo de estarlo para brindar asistencia mediante bonos alimentarios, mientras que la de integración urbana plantea "regularizar y urbanizar los barrios humildes para mejorar la prestación de los servicios", dijo finalmente.