El segundo juicio por los abusos en el Próvolo será largo y complejo

Sociedad

Los y las sobrevivientes y sus familias aguardan el inicio del proceso con ansiedad, sobre todo teniendo en cuenta que fue pospuesto por 15 días debido a la segunda ola de COVID-19. El objetivo fue poner a punto las herramientas tecnológicas que permitieran concretarlo en forma íntegramente virtual.

Ariel Lizarraga, papá de una de las sobrevivientes, dijo a Unidiversidad que las y los exestudiantes están ansiosos porque es difícil enfrentar este nuevo proceso y revivir lo sucedido. Sin embargo, dijo que los adultos están tranquilos, porque existen pruebas contundentes de la culpabilidad de las imputadas y de su inacción en defensa de los chicos y chicas a su cargo.

Audiencias virtuales

Los integrantes de Tribunal Penal Colegiado N.º 2, presidido por Horacio Cadile, llevarán adelante el proceso. Actuarán como vocales Gabriela Urciuolo y Rafael Escot y como suplentes, Belén Salido y Belén Rena.  El Ministerio Público Fiscal, será representado por Alejandro Iturbide, jefe de fiscales de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual.

Como las audiencias se realizarán en forma virtual, en una sala de los tribunales penales colegiados estará el presidente del Tribunal, intérpretes oficiales y de parte, es decir propuesto por la defensa, en lengua de lengua de señas. El Tribunal informó que las imputadas seguirán las audiencias en forma remota, salvo que soliciten expresamente estar presentes 48 horas antes, una petición que analizarán los y las magistradas.

La prensa no tendrá acceso a las audiencias, debido a que se juzgan delitos de instancia privada y a que los sobrevivientes son menores de edad. En este segundo proceso, tampoco será posible seguirlas desde los pasillos de Tribunales, debido a la pandemia.

Las nueve imputadas

En el segundo juicio se juzgará a nueve personas: las religiosas Kumiko Kosaka (46) y Asunción Martínez (53), y las exdirectivas y trabajadoras del Instituto Graciela Pascual Ivars (65), Gladys Edith Pinacca Andrade (66), Cristina Fabiana Leguiza Funes (50), Valeska Elizabeth Quintana Valenzuela (48), Laura Alejandra Gaetan Sicardi (60), Cecilia Alejandra Raffo Andreotti (43) y Noemí del Carmen Paz Torrez (63).

La única que cumple prisión preventiva en modalidad domiciliaria es la religiosa Kosaka. El resto de las acusadas enfrentará el juicio en libertad. Ninguna asistirá a la audiencia de hoy, ya que la seguirán en forma remota.

El número de imputadas implica un gran número de defensores y defensoras. Las dos religiosas serán representadas por Carlos Varela Álvarez, Lucas Fallet, Valeria Corbacho y Enoc Ortiz; Pascual, Leguiza, Funes y Paz, por Víctor Banco y Carolina Debeta, de la 12.ª Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes; Pinacca, por Pablo Eduardo Ortiz y Pamela Farías; Raffo, por Pablo Ortiz y Alfredo Paturzo; Quintana, por Lilia Raia de Lascano, y Gaetan, por Alejandro Luis Moreno y Alberto Tonelli.

En cuanto a la querella, un grupo de sobrevivientes será representado por Diego Lavado, Sergio Salinas, Juan Carlos Dantiacq, Lucas Lecour, Francisco Machuca, Gonzalo Evangelista, Juan Manuel Lavado, Leandro Rodríguez Pons y María Mercedes Duberti (Xumek), mientras que Oscar Barrera y Leandro Lanci defenderán los intereses de otro grupo.

Las acusaciones

En este segundo proceso, se unificaron tres causas en una. En dos de ellas está acusada por siete hechos la religiosa de origen japonés Kosaka: como autora de un abuso gravemente ultrajante cometido contra un menor, por abuso sexual simple agravado, como partícipe primario en términos de comisión por omisión (es decir, no proteger a niños y niñas a su cargo) y por tres hechos de corrupción de menores.

En la tercera causa están acusadas las otras ocho imputadas. Pascual, Martínez y Paz serán juzgadas por participación necesaria en términos de comisión por omisión al deber de garante, es decir que no protegieron a los niños y niñas a su cargo, los que fueron víctimas de abusos sexuales por parte de las personas ya condenadas en el primer juicio.

También serán juzgadas Pinacca, Leguiza, Gaetan, Quintana y Raffo como partícipes secundarias en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante, es decir que se las acusa de no proteger a los niñas y niñas a su cargo.

Sacerdotes condenados

En noviembre de 2016, un integrante de la comunidad de personas sordas de Mendoza concurrió a un encuentro sobre niñez en la Legislatura y le pidió ayuda a la senadora Daniela García para que exestudiantes pudieran hacer las denuncias de abuso con todas las garantías del proceso. Ese fue el inicio de la investigación de la megacausa Próvolo. 

En la causa, un acusado fue declarado inimputable y otros cuatro fueron condenados. En septiembre de 2018, Jorge Bordón aceptó su culpabilidad y fue sentenciado a 10 años de prisión, mientras que los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el jardinero Armando Gómez recibieron condenas de 42, 45 y 18 años respectivamente al finalizar el primer juicio, el 25 de noviembre de 2019.