Después de cuatro años, el lunes 10 de agosto comenzará el juicio oral por la desaparición de Soledad Olivera, la joven lavallina que fue vista por última vez el 18 de noviembre de 2011. Frente al tribunal estará Mariano Luque, el único imputado en la causa.

El representante en Mendoza de la Secretaría de la Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, confirmó la fecha de inicio del juicio. Ese organismo se constituyó en querellante en la causa. 

Los integrantes de la Segunda Cámara del Crimen, Arlinton Uliarte, Roberto Yanzón y José Valerio escucharán a los testigos, analizarán las pruebas y serán los encargados de determinar si Luque es responsable de la desaparición de Soledad Olivera.

Luque está imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad, ya que quedó probado que mantenía una relación con la joven, que intercambiaron mensajes de textos antes de su desaparición y que iba a encontrarse con él la última vez que la vieron con vida, según las declaraciones de los testigos.
 

Sin rastros

El 18 de noviembre de 2011, Soledad Olivera salió de su casa ubicada en la localidad de Tres Mayo y nunca más se supo de ella. Sus hermanas hicieron la denuncia policial pero fue archivada, por lo que el fiscal de Las Heras-Lavalle, Darío Nora, enfrentó un jury de enjuiciamiento, que finalmente desestimó la acusación.

El caso de Olivera recién tomó trascendencia mediática con la desaparición de la adolescente lavallina Johana Chacón, quien fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012, cuando descendió del micro que la trasladaba desde la escuela hasta la finca de la familia Currallanca, donde vivía con sus tres hermanos y su hermana desde que su padre, Bernardo Chacón, accedió a que se quedaran en la casa de esa familia.

Fueron las maestras de la escuela Virgen del Rosario quienes se movilizaron e hicieron la denuncia por la desaparición de Johana. Ese mismo día se enteraron de que nada se sabía de Olivera, una joven de 33 años, cuyos tres hijos asistían al colegio. Fue en ese momento que comenzaron su campaña para encontrar con vida a las dos mujeres.

El fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, lideró ambas investigaciones. Por el caso Olivera, imputó en agosto de 2013 a Luque por privación ilegítima de la libertad. Garay fundamentó su decisión en la investigación, ya que determinó que Luque tenía relación con Olivera, lo que quedó demostrado a través de las numerosas comunicaciones telefónicas entre ambos. Además, el día que la joven desapareció, comentó que se encontraría con el imputado.

El fiscal abonó la hipótesis de que Luque era la conexión entre ambas desapariciones. La razón es que conocía a las dos jóvenes. Con Soledad quedó probado que mantenía una relación y con Johana compartía la vivienda, ya que Luis Currallanca, el jefe de la familia que la alojó, es el padrastro de Luque. Además, al momento de la desaparición de Johana, Luque era la pareja de Beatriz, hermana de la adolescente.

El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, Fernando Peñaloza, realizó presentaciones en varias instancias judiciales hasta convertirse en querellante en ambas causas. En el caso de Olivera, le dio la razón la Cámara de Apelaciones, órgano que consideró que existió violencia de género y que calificó el hecho como una desaparición.
 

Demoras

Peñaloza consideró que la elevación a juicio de la causa tardó mucho tiempo y aseguró que la investigación fue pobre, al igual que las pruebas recolectadas. Recalcó que la imputación estaba fundada en el cruce de llamados entre Luque y Olivera y en las declaraciones de varios testigos que aseguraron que la mujer iba a encontrarse con el hombre la última vez que la vieron con vida.

El abogado advirtió que las demoras han provocado que los plazos de la prisión preventiva de Luque estén a un paso del vencimiento. Esta figura tiene un plazo máximo de tres años –antes de dictar sentencia– y, aunque en este caso se prorrogó dos veces, se vencerá en breve.

Peñaloza señaló que analiza solicitar un cambio de carátula, algo que ya planteó al fiscal de la causa. La nueva figura será homicidio, que tiene una pena de 8 a 25 años, mucho mayor que la impuesta para el delito de privación ilegítima de la libertad, que prevé un plazo máximo de 6 años.

Por medio de un mail, la directora de la escuela Virgen del Rosario, Silvia Minoli, consideró imperioso que el desarrollo del juicio oral muestre la verdad de lo que pasó con Soledad Olivera y Johana Chacón. La directora de la escuela, a la que asistía Johana y en la que continúan cursando los tres hijos de Soledad, invitó a la comunidad mendocina a reunirse el lunes 10 de agosto a las 8.30 en las escalinatas del Poder Judicial. La intención no es sólo pedir justicia por las dos jóvenes lavallinas, sino alzar la voz por todas las mujeres que sufren distintas formas de violencia.

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