La irrupción en nuestra cotidianidad de la pandemia de COVID-19 ha puesto en debate, entre otros tantos asuntos, las formas a través de las cuales producimos y distribuimos los alimentos que precisamos para una vida saludable. En nuestro país, en un principio, pudimos observar nítidamente la lógica especulativa que impregna a la economía del capital: remarcación de precios, retención de productos en depósitos, cobro de sobreprecios al Estado en ventas de alimentos destinados a comedores comunitarios, etc. Desde ya que este tipo de actitudes no son nuevas; son tan antiguas como el mismo principio de maximización de la ganancia por sobre todo (y a costa de todo). Este panorama nos ha permitido dimensionar de manera clara nuestra dependencia de un puñado de empresas a la hora de acceder a nuestra alimentación, ya sea porque controlan la producción (a través de oligopolios en rubros clave [1]) como la comercialización (la híper y supermercadización creciente en el ámbito urbano es una muestra de ello [2]).

Sin embargo, hace varios años que se han desarrollado numerosas experiencias asociativas que buscan trabajar a contracorriente de esa lógica. Se trata de la llamada Economía Popular y Solidaria (EPyS) y que, en tiempos de pandemia, ha demostrado ser un contrapeso ético y una alternativa incipiente a los modelos mercantiles en el rubro alimenticio. Nos centraremos aquí en un dispositivo particular de la mencionada EPyS: las distribuidoras o comercializadoras solidarias.

Estas se destacan por:

- diseñar diversos mecanismos de distribución de productos. Uno de ellos es el “puerta a puerta”. En tiempos de aislamiento, esto se ha convertido en una ventaja con respecto a otras formas “tradicionales” de comercialización.

- implementar la distribución de bolsones de verduras, frutas y otros productos en zonas alejadas y no redituables para el capital. En otras palabras, la EPyS llega a lugares donde el capital no desea. La función social de estas organizaciones es innegociable.

- no remarcar precios unilateralmente, ni paralizar stocks a la espera de mejores tiempos para la ganancia. Las mismas personas que integran estas organizaciones son trabajadoras a la vez que consumidoras de ellas.

- fomentar el consumo justo en relación con las personas y el ambiente.

En el caso de Mendoza, si hacemos foco en el Área Metropolitana de Mendoza (AMM) o en lo que ha dado en llamarse Unicipio (Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján y Maipú), contamos con una superficie de 313,7 km2 y una población de 979 397 habitantes. Allí llevan a cabo el trabajo de comercialización de alimentos organizaciones como La Posta, El Almacén Andante, El Arca, Almacén Buen Vivir, Vidaferia, Bioferia, entre otras [3]. Si bien estas distribuidoras de la EPyS han crecido en los últimos años, las condiciones y potencialidades ambientales y sociales del AMM plantean (y obligan a) una serie de desafíos para el futuro próximo:

- se precisa fortalecer (o iniciar) la producción local de bienes que actualmente provienen de geografías distantes del AMM (y de la provincia). Aquí es importante aclarar que lo “local” no necesariamente es sinónimo de social y ambientalmente “justo”. Sin embargo, en el marco de la EPyS, la producción de cercanía permitiría reducir, en los traslados, costos no solo monetarios, sino también ambientales.

- atado a lo anterior, en algunos rubros es menester ampliar la cantidad y variedad de alimentos producidos bajo la lógica solidaria en esta área. Un aumento en la escala de producción permitiría bajar los costos por unidad y tornar más accesibles los alimentos para la población en general y, en particular, para los sectores populares.

- lo dicho previamente se debe complementar, necesariamente, con el aumento de bocas de expendio para el consumo final de estos productos. Si la producción crece y se diversifica, y los puntos de comercialización también se amplían, la comunidad dispone entonces de alternativas reales para redirigir sus compras desde las grandes tiendas hacia este tipo de distribuidoras. 

El logro de estos desafíos implica necesariamente el involucramiento de tres actores centrales:

- el Estado, por medio de dos movimientos simultáneos: fomento de nuevas estructuras de la EPyS y fortalecimiento de las existentes; y desaliento a la concentración propia de la economía dominante[1].

- las mismas comercializadoras solidarias que, si bien deben continuar difundiendo los desequilibrios e injusticias económicas actuales (aspecto simbólico de la propuesta), tienen el desafío de seguir avanzando en esferas de influencia comercial. Aquí, resulta fundamental la articulación entre organizaciones, de forma tal de diseñar y poner en marcha circuitos socioeconómicos más complejos que los actuales.

- las comunidades, entendidas como la población local que se compromete con estas experiencias por medio de un consumo consciente.

El contexto actual presenta serias dificultades, pero abre a la vez la posibilidad de generar más alternativas económicas de este tipo. A nivel nacional, la apertura del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular ha visibilizado un sujeto fundamental para la reproducción de la vida comunitaria; seis semanas después de iniciado el proceso, ya se registraron más de 450 000 trabajadores y trabajadoras populares de los/as 6 millones, aproximadamente, que existen en Argentina.

En Mendoza, el proyecto de Ley de Promoción Productiva y Ambiental de los Cinturones Verdes o, en otro plano, la férrea defensa de la empresa recuperada por sus trabajadores/as La Terre (ex-Industrias Matas) como generadora de trabajo y productora de alimentos deshidratados, son apenas un botón de muestra del interés social por esta “otra economía”. La potencia simbólica actual de la EPyS, que ha ubicado en la agenda pública temas como la agroecología, la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral, necesariamente deberá ser acompañada de una mayor relevancia material. Mientras tanto, es un elemento más que se suma al debate de/por los modelos productivos para el AMM en particular, y para la provincia toda en general.  

Referencias

[1] Por ejemplo, fomentando el uso de la Tarjeta Alimentar en comercializadoras de la EPyS. De esta manera, los recursos estatales tendientes a disminuir el hambre se volcarían a este tipo de alternativas, en lugar de dirigirse a las mismas estructuras económicas concentradas, responsables –en gran medida– de ese problema que se busca resolver. 

[1] Por ejemplo, una misma empresa vende casi el 70 % de la leche consumida en Argentina y tres empresas son las que concentran el 90,5 % de la facturación en aceite. Ver más en http://www.infoalimentacion.com.ar/2020/03/08/concentracion-alimenticias-ley-de-gondolas/.

[2] Además, de las siete principales cadenas de supermercados del país, cinco son de capitales extranjeros (las dos restantes son La Anónima y Coto), lo que agrava el problema aún más al transferir la riqueza que se produce en todo el país hacia el exterior. Ver más en http://www.faecys.org.ar/informe-relevamiento-sobre-supermercados-descargar/.

[3] Si nos extendemos más allá de los límites de esta área, podemos mencionar también a la distribuidora El Tomero en Zona Este y Crece desde el Pie en Valle de Uco.